Ante un juzgado especializado de Bogotá, la fiscal María Cristina Patiño empezó a sustentar este miércoles la negociación a la que llegó con Sneyder Pinilla por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Como subdirector de la Unidad, este hombre le dijo a la Fiscalía haber sido uno de los enlaces clave en el entramado corrupto que saqueó desde 2023 el erario público a través de contratos irregulares y coimas en las que están señalados otros exaltos funcionarios del Gobierno Nacional y del Congreso. Esa participación lo llevó a ser privado de su libertad en una guarnición militar, desde la cual ha venido negociando con la fiscal Patiño un preacuerdo que, si lo acepta el juzgado, le dará una rebaja de pena de cinco años y ocho meses de prisión, del 45 por ciento del total que le calculó la fiscal. Para que se surta ese pacto, tenía que haber devuelto la plata con la que se quedó, trámite que ya hizo a través de un pago de 618 millones de pesos.La fiscal María C. Patiño en la cita para revisar el preacuerdo de Sneyder Pinilla. Foto:Archivo particularLa negociación es por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, pues por los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público hacen parte de un principio de oportunidad que si se lo conceden, lo libraría de pagar por ellos.Para la fiscal Patiño, la información que ha aportado Sneyder Pinilla ha sido eficaz a la hora de llegar a otras personas de la red, y es que con sus declaraciones se conoció de nombres como los de Sandra Ortiz, Andrés Calle, Iván Name, Wadith Manzur y otros exfuncionarios procesados tanto por la Fiscalía como por la Corte Suprema de Justicia.Sandra Ortiz, Sneyder Pinilla y Olmedo López. Foto:Archivo particularEn el caso de la exconsejera Sandra Ortiz y el senador Iván Name, Pinilla habría participado de las entregas que ella le hizo al legislador en Bogotá de 3.000 millones de pesos en efectivo, a mediados de octubre de 2023. Esa era plata de la UNGRD e iría destinada a comprar votos en el Congreso a cambio de que el Senado pasara las reformas del Gobierno.Por otro lado, en el Juzgado 6 Especializado de Bogotá este viernes se aplazó la audiencia de preacuerdo para el contratista Luis Eduardo López, quien se quedó con el negocio de 48.600 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques en La Guajira. Luis Eduardo López Rosero, contratista nariñense. Foto:Archivo particularLa razón del aplazamiento es que López va a terminar de devolver los 1.000 millones de pesos con los que se quedó, para obtener una mayor rebaja de pena antes de que le revisen el preacuerdo.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com