La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estará bajo la mira de la Contraloría. El jefe de la entidad, Carlos Hernán Rodríguez, ordenó a un grupo de funcionarios visitar la sede de la Dian en Bogotá e iniciar un seguimiento permanente a su gestión, ya que la insuficiencia en el recaudo ha puesto en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas.La encargada de la tarea fiscalizadora será la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (Diani), que hará registro del comportamiento del recaudo tributario, que por las cifras en negativo que arrojó durante 2024, obligó al Gobierno a apretarse el cinturón con el gasto. De hecho, para la vigencia 2025, el Ejecutivo se vio obligado a reducir su estimación de ingresos en $12 billones de pesos, que pretendía agregar a través del trámite de una nueva reforma tributaria en el Congreso. Por el naufragio de esta iniciativa, fue necesario pasar tijera al presupuesto asignado a las entidades del sector público. La meta inicial de ingresos por recaudo el año pasado fue fijada en $315,86 billones. Sin embargo, tuvo que ser ajustada a $287 billones, es decir $28,4 billones menos. Aún con esta modificación en la meta, el cumplimiento fue del 85 %, alcanzando un recaudo efectivo de $245,4 billones; 11 % menos que la plata que le entró al Gobierno por este rubro en 2023.Por estos números en rojo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha estimado que el recaudo este año será inferior en $34 billones de pesos al Plan Financiero presentado por el Gobierno Nacional. Ante este este escenario, que agudizaría el problema de caja que el Gobierno ha sorteado con recortes desde inicios de año, la Contraloría inspeccionará la contabilidad de la Nación para analizar las variables de ingreso, gasto y su impacto en el déficit fiscal. La evaluación, además de la Dian, se hará con la gestión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Superior de Política Fiscal. “Con este seguimiento, la Contraloría General busca cumplir con las metas establecidas en el plan estratégico 2022-2026, orientadas al fortalecimiento de la vigilancia y el control efectivo de los recursos públicos, así como al cumplimiento del marco fiscal de mediano y largo plazo, con el fin de preservar la estabilidad económica de la Nación”, aseguraron desde la entidad. La fiscalización se hará a través del acceso a la información, la articulación con el control interno de las entidades y mediante las actuaciones especiales y auditorías durante el periodo enero-junio de 2025. Metiéndose de lleno en los libros de cuentas, la Contraloría podrá hacer la relación de los ingresos y los gastos y emitir alertas tempranas en caso de riesgos a las finanzas de la Nación.”Se ordenó, a partir de mañana, jueves 13 de marzo, una visita y una intervención general en el marco de la facultad constitucional de la Contraloría para ejercer control preventivo (…) No queremos que durante este año la Contraloría se limite a presentar cifras después de que los hechos hayan ocurrido. Es necesario determinar cuáles son los factores que han llevado a la caída del ingreso”, dijo el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. Otras alarmas encendidas por la entidadEsta misma función la ha ejercido con el sector mineroenergético, en el que los entes de control han anunciado un posible riesgo de desabastecimiento por la falta de pago del Gobierno a los subsidios de los servicios públicos en los estratos 1, 2 y 3. Ya han adelantado mesas de trabajo y esperan coordinar soluciones definitivas para garantizar, sin contratiempos, el funcionamiento del sector. Sara Valentina QuevedoRedacción Justicia