Manual para ser un alcalde verde: así se descarbonizan pueblos y ciudades | España

Los fenómenos extremos como la dana de Valencia y la subida progresiva del mar que se come bocados de costa en todo el mundo recuerdan a los 8.132 alcaldes de ciudades y pueblos españoles el reto que muchos posponen y pocos afrontan: acabar con las emisiones locales de dióxido de carbono (CO₂), el principal gas de efecto invernadero. Con el ramillete de siete grandes capitales monitorizadas por la Comisión Europea y otras 10 en la plataforma nacional citiES 2030, hay una inmensa mayoría de municipios que desconocen sus emisiones difusas o aún no han dado el paso para descarbonizarse.Para ponerse manos a la obra, la primera recomendación que los expertos hacen a un alcalde verde si quiere mejorar la salud y calidad de vida de sus habitantes es medir la huella de carbono municipal. Es decir, elaborar un plan para saber cuánto emite su población y a partir de ahí acometer medidas para reducirlas hasta algún día llegar a eliminarlas. Es esencial implicar al sector empresarial, responsable de la mayoría de las emisiones locales, impulsar polígonos industriales sostenibles y convencerlo de que la transición energética es cosa de todos.Las medidas pueden ser más o menos audaces, pero también más o menos caras: desde implantar el autoconsumo energético en sus edificios municipales como colegios y centros de salud, hasta fijar ayudas económicas para mejorar aislamientos o cambiar las fuentes de energía que calientan los edificios privados ―con fotovoltaica o biomasa que eliminen calderas de gas por ejemplo―. Los alcaldes a la vanguardia electrificarán y declararán gratis total el transporte urbano para todos sus vecinos y turistas, como ya han hecho cuatro localidades francesas y una portuguesa, incluida Montpellier (300.000 habitantes) y Cascais (215.000 habitantes).Entre los pasos más beneficiosos e impactantes está promover que los colectivos vecinales se impliquen para transformar sus propios barrios, fomentar las comunidades energéticas y reverdecer su localidad. Plantar todos los árboles y arbustos posibles, de grandes copas, agrandar los parques y crear anillos verdes que reduzcan el calor en verano y mitiguen las emisiones. Para esto es imprescindible aumentar la plantilla municipal de jardineros, en algunos pueblos muy escasa. En las grandes urbes es muy útil aterrizar el concepto de la ciudad de los 15 minutos, para incluir todas las necesidades y servicios de los vecinos a un cuarto de hora a pie o en bicicleta.“¡Aún hay edificios municipales calefactados con gasóleo!”, exclama Jon Moreno, responsable de Comunidad PorelClima, una plataforma civil para cumplir el acuerdo de París creada hace una década. “La implicación de los Ayuntamientos depende del alcalde, y al acompañarles en el proceso hemos visto que algunos no entendían nada. Ya sabemos que hay partidos políticos que son más reacios a trabajar en este marco, pero si cambias la narrativa y les hablas de eficiencia energética, la cosa cambia”, ilustra. Es decir, sustituir “gases de efecto invernadero” por “euros”. La clave es la didáctica para ser más eficiente y ahorrar en las gruesas facturas energéticas que afrontan los consistorios cada mes.Siempre con el presupuesto en el retrovisor, en la movilidad, además de la gratuidad de los autobuses y el fomento de la bicicleta con carriles que interconecten los barrios, los alcaldes deben peatonalizar calles y plazas, ampliar aceras, y multiplicar los cargadores públicos para incentivar a sus vecinos a comprar coches eléctricos y así reducir los humos de sus calles, recuerdan los expertos. Las 150 grandes ciudades españolas tienen ya obligaciones legales para instaurar zonas de bajas emisiones, pero las otras 8.000 localidades aún no desincentivan el uso del motor a combustión que padecen los peatones.Autobuses eléctricos utilizados en Badajoz, durante su presentación, en una imagen cedida por el Ayuntamiento.También pueden los regidores instaurar la compra y contratación pública verde (CCPV) para mejorar el sello sostenible de sus bienes y servicios, incentivar el compostaje doméstico para reducir los residuos, hacer campañas de concienciación para que la separación de basuras sea total, incentivar los taxis eléctricos o lograr que todas las luces urbanas sean Led. Por último, los expertos recomiendan contratar alimentos ecológicos y de cercanía en los comedores públicos de los colegios y fomentar huertos urbanos comunitarios.La sensación entre los técnicos versados es que a los alcaldes les falta conciencia ecológica, pero también arrojo, aunque el marco legal no deja demasiado margen para medidas innovadoras como la lanzada por La Haya. Hace dos meses, la ciudad holandesa se convirtió en la primera del mundo en prohibir anuncios en sus calles de la industria fósil.La plataforma PorelClima ofrece una herramienta a los consistorios para autoevaluarse y saber sus progresos en la senda para alcanzar las cero emisiones. Porque depende de la voluntad de los municipios, pero también de las comunidades donde se ubiquen. Andalucía, por ejemplo, impuso por ley en 2022 que sus 785 localidades cuenten con planes locales de acción climática para frenar el calentamiento global. Dos años y medio después, solo 89 (el 11%) cumple la medida y la Junta (PP) confirma que no prevé multar a los que violan la norma. También en Navarra, donde la situación es mucho mejor que en Andalucía, los municipios están obligados por ley a contar con plan climático local desde hace un año. A pesar de ello, por ahora solo 178 de las 272 localidades disponen de este documento (el 65%) y el Gobierno foral (PSOE) no prevé multarles por incumplir la norma, según fuentes del Ejecutivo autonómico. El País Vasco eleva el porcentaje de municipios con plan hasta el 91% ―67 de 73 de más de 5.000 habitantes, los afectados por la ley―.En paralelo, desde hace una década el Ministerio para la Transición Ecológica tiene activo el registro de huella, compensación y proyectos de absorción de CO₂, pero son muy pocos los Ayuntamientos y entidades privadas que se han apuntado para hacer un seguimiento de su descenso de emisiones, solo 631, según el cálculo elaborado por Moreno. La Red Española de Ciudades por el Clima de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solo aglutina a 372 localidades, aunque estas representan a 32 millones de habitantes. Y únicamente ocho municipios disponen del sello Reduzco. Los expertos minimizan el impacto de esta red y la tildan de escaparate sin objetivos concretos, ya que muchas de sus localidades apenas mueven ficha para descarbonizarse.Elvira Jiménez, coordinadora de campañas de Greenpeace, lamenta que a los regidores les falta “valentía, visión y recursos financieros” para tomarse en serio la crisis climática y la transición energética. “Los municipios que planifiquen mejor serán los más justos y sostenibles. La crisis también es una oportunidad para transformarnos en entornos mejores”, apunta con optimismo.Fomentar la participación pública para escuchar a los colectivos vulnerables y lograr una transición justa es la primera medida que recomienda Jiménez. Luego, aumentar los espacios verdes en todas las esquinas de la ciudad bajo la norma 3-30-300. Esta implica que cada persona pueda ver al menos tres árboles desde su casa, tener un 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 metros de un parque “decente”. “Aumentar y salpicar de verde toda la ciudad, reverdecer es clave”, añade Jiménez.Tanto Izquierda Unida como el PSOE presumen de que la lucha contra el calentamiento global permea a sus alcaldes. Eva García, responsable de Organización de IU, subraya que la primera misión es la disminución de los recursos y consumos de los Ayuntamientos y las familias, enfocadas a lograr un “sensato decrecimiento”. “Los municipios tienen poco amparo a nivel autonómico y hay poca pedagogía con la ciudadanía, eso es lo que a menudo provoca el rechazo social. Somos especialmente pesados para que los alcaldes midan su huella de carbono, a veces con desigual éxito”, admite. “Nuestra prioridad es mejorar la vida de las vecinas mientras cuidamos el planeta, algo perfectamente compatible”, añade.Desde el PSOE, Marc Pons, responsable de Transición Justa, acentúa: “Trabajamos con nuestros alcaldes para coordinar políticas de eficiencia energética, producción renovable, autoconsumo compartido y propiciar comunidades energéticas. Hay que reverdecer las ciudades, aunque sabemos lo complejo que es. En definitiva, la mitigación de emisiones supone medidas antieconómicas que reportan ahorros a largo plazo, pero con beneficios para la salud y el bienestar de todos los vecinos”. El PP aclara que “no da ninguna indicación para tomar unas medidas u otras” a los Ayuntamientos que gobierna para mitigar el calentamiento global “porque tienen autonomía”, según una portavoz de Génova.