La Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) es la entidad del sector más sancionada por la Contraloría por malos manejos de recursos. Desde 2022, ha emitido 41 fallos con responsabilidad fiscal por $542.995 millones de pesos en contra de 20 instituciones, de los cuales ocho han sido en contra de la administradora, que ,según lo aprobado en la nueva reforma a la salud que cursa su trámite en el Congreso, centralizaría la distribución de todos los dineros; más de 90 billones de pesos. EL TIEMPO tuvo acceso a los 41 fallos con responsabilidad fiscal de los cuales el 92 % de la cuantía corresponde a irregularidades fiscales de la Adres: $499.887 millones de pesos. El 8 % restante está dividido entre 19 entidades del sector: EPS, hospitales, institutos departamentales y hasta el Ministerio de Salud. Los fallos en contra de la Adres se emitieron por la mala administración de los giros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de otros fondos a EPS como Saludcoop, Cafesalud, Comfacor y Medimás, que los utilizaron para despilfarrar o cubrir gastos que no corresponden a la atención médica de sus afiliados. También se determinaron costos excesivos en su funcionamiento e irregularidades en las transferencias de anticipos y en el cobro de las cuentas por cobrar.El fallo de mayor cuantía, por $297.630 millones de pesos, enumeró en la justificación: Anticipos realizados por Saludcoop EPS (en intervención) a la Corporación IPS Saludcoop con recursos de la UPC. Exceso en el porcentaje permitido de los gastos de administración de la Adres para el año 2015. Giro de recursos realizado por Saludcoop EPS (en intervención) a RV Inmobiliaria S.A. en virtud de contrato de arrendamiento que esta última suscribió con la Corporación IPS Saludcoop. Falta de seguimiento y control sobre los giros directos realizados por el Consorcio SAYP a favor de la Corporación IPS Saludcoop entre septiembre y noviembre de 2015. Esto ocasionó que los recursos de la parafiscalidad no fueran legalizados ni recuperados.En otros fallos se constató el uso de la UPC para el pago de arrendamientos de camionetas blindadas, la organización y ejecución de eventos culturales, el diseño arquitectónico y amoblamiento de algunas sedes de Saludcoop, entre otras. Las otras entidadesAdemás de la ADRES, los otros nombres en el listado corresponden a tres grandes grupos: las EPS, los hospitales y las entidades públicas territoriales.El Instituto Departamental de Salud del Caquetá fue el segundo con sanciones de mayor cuantía, por 9.402 millones de pesos. La Contraloría halló irregularidades relacionadas con los contratos de suministro de medicamentos, como el Factor VIII de alta pureza (Fandhi). El Ministerio de Salud también recibió seis fallos en total por 1.011 millones de pesos, debido a la omisión en el ejercicio de las funciones de control. Así como la Asociación Indígena del Cauca, por 26 millones.En el grupo de las EPS, Comeva fue encontrada responsable fiscalmente de $3.336 millones de pesos por la imposición de multas, sanciones e intereses derivadas del incumplimiento de sus deberes en la administración de los recursos de salud. Le sigue Dusakawai Eps (del departamento del Cesar) con $2.422 millones de pesos por, entre otros aspectos, comprar elementos que no guardan relación con el servicio de salud.Otras EPS vinculadas son Caprecom, con un fallo de 33 millones; Capresoca Casanare, con 217 millones; Asmet Salud, con 3 millones; Savia Salud, con 1.570 millones; Pijaos EPS, con 100 millones; y Emsanar, con 160 millones.Finalmente, en el grupo de hospitales, el sancionado con mayor cuantía (84 millones de pesos) fue el Hospital Departamental de Granada, por irregularidades en la construcción de un área de salud mental que terminó inconclusa. También aparecen por incumplimientos en contratos o descuadres de caja el Hospital Pedro Claver de Toledo, Antioquia, con 51 millones; Santa Catalina de Alejandría, con 51 millones; San Francisco de Asís, con 40 millones; Santa Teresa, de Tesalia, Huila, con 37 millones; Jorge Julio Guzmán, con 19 millones; San José de Marsella, con 11 millones; y San Juan Bautista, de Chaparral, Tolima, con 16 millones.Sara Valentina QuevedoRedacción Justicia