La trampa de los bonos basura de la Beneficencia Pública: un agujero de 1.350 millones de pesos en el organismo de ayuda a los más pobres

Un nuevo capítulo de la estafa Ponzi con bonos basura. La Fiscalía General de la República (FGR) ha denunciado ante la justicia el desvío de 1.350 millones de pesos (66 millones de dólares) del patrimonio de la Beneficencia Pública para la compra de papel bursátil sin valor. El hecho, ocurrido en 2022, replica el mismo fraude que se descubrió en Segalmex y que se ha incrustado en otras instituciones públicas federales y estatales, como reveló EL PAÍS en su momento. El Estado mexicano ha perdido otros 6.000 millones de pesos adicionales (342 millones de dólares) en este negocio que tiene todas las características de una estafa Ponzi a gran escala. Recursos de universidades y de fiscalías, pensiones de trabajadores y cuotas del seguro social se han comprometido en el millonario negocio con trampa. Detrás del esquema están los empresarios René Dávila y Roberto Guzmán, ambos denunciados, así como una miríada de empresas de papel, testaferros, brokers, casas de bolsa, bancos y funcionarios públicos.A la lista de dependencias gubernamentales estafadas se suma ahora la Beneficencia Pública, una institución creada hace un siglo y medio, hoy bajo la tutela de la Secretaría de Salud, y que tiene el objeto de atender a la población en extrema pobreza y sin seguridad social. El organismo hizo dos compras de certificados bursátiles en 2022, primero en mayo, por 1.000 millones de pesos, y luego en julio, por 350 millones, de acuerdo con documentos de la Fiscalía presentados a un juez y a los que ha tenido acceso este periódico. El funcionario que autorizó la compra de los bonos basura es Execatl Gutiérrez Ramírez, a la sazón el director de Administración y Finanzas de la Beneficencia Pública. La FGR denunció a todos los involucrados en el fraude excepto al funcionario, que continuó en su cargo hasta mediados de 2023.El esquema del saqueo funciona así: una compañía de papel constituye con un banco o casa de bolsa un fideicomiso vacío, oficialmente llamado “fideicomiso emisor”; el contrato del fideicomiso se hace a la medida de las inversiones que se espera captar mediante una emisión de bonos; luego, la casa de bolsa, en contubernio con la compañía inicial, “coloca” los instrumentos de deuda por el monto previsto en el contrato del fideicomiso. Todo está previamente acordado con el director de Finanzas de alguna dependencia pública, al que se le prometen unos rendimientos de entre el 11% y el 13%, fuera de toda proporción en el mercado financiero; a cambio, el funcionario recibe una comisión por la colocación de los recursos. Entre los compradores de los bonos basura puede haber personas físicas, pero los arquitectos del fraude buscan principalmente a instituciones públicas. Es una estafa Ponzi porque, al momento de tener que pagar los compromisos, las cabezas del negocio acuden a un nuevo cliente en el Gobierno para refinanciarse.Roberto Guzmán y René Dávila, el segundo en una imagen del medio local de sociales Cooltoura Chiapas.La investigación de la Fiscalía sobre la Beneficencia Pública describe a la perfección la mecánica del robo. El 12 de mayo de 2022, Hotelería Korbach, S.A. de C.V., una firma de papel de Roberto Guzmán, constituyó con la casa de bolsa Bulsamétrica el fideicomiso de emisión número 1051. Hotelería Korbach, que después cambió su nombre por Grupo Operativo Korbach, quedó como fideicomitente y fideicomisario, es decir, como beneficiario final. El 17 de mayo, en una maniobra simultánea, Korbach, representada por Efraín Martínez Pérez, instruyó a Bursamétrica efectuar la emisión y colocación de certificados bursátiles por 1.000 millones de pesos. A su vez, la Beneficencia Pública, por pedido de Execatl Gutiérrez, ordenó la compra de bonos por el monto de esa emisión.Dos meses después se dio la segunda operación de compra. El 28 de julio, Korbach, esta vez representada por Mauricio Martín del Campo Barrón, y Bursamétrica constituyeron un nuevo fideicomiso emisor, el número 1054. Al día siguiente, Korbach instruyó la colocación de certificados por 350 millones de pesos y la Beneficencia compró la totalidad de la emisión, nuevamente, por orden de Execatl Gutiérrez. Este diario ha contactado con el área de comunicación social de la Secretaría de Salud para solicitar un posicionamiento sobre las inversiones ilegales. De manera sucinta, un portavoz respondió que los desvíos ocurrieron en la pasada Administración, en referencia al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que la investigación del caso inició desde entonces. “Es un proceso que ya estaba en marcha cuando llegó este Gobierno [de Claudia Sheinbaum]”, ha indicado.El expediente de la FGR da cuenta de una tercera operación de compra, pero en este caso los afectados fueron personas físicas. Se trata de dos emisiones por 115 millones de pesos realizadas en abril y mayo de 2022. En ese caso, la empresa involucrada fue Posiciones Estratégicas en Carteras, S.A.P.I. de C.V., otra de las firmas en la órbita de Guzmán, representada por Jorge Olavarrieta Peña. Con esa emisión de bonos maniobra fueron defraudados 27 clientes.La Fiscalía ha denunciado a Guzmán, a sus empresas y a los representantes legales, así como a la casa de bolsa Bulsamétrica y sus vocales. Entre los denunciados está el abogado Roberto Olea, que ha servido de nexo con René Dávila, el otro arquitecto de la estafa Ponzi. El delito que persigue la FGR en el caso del desfalco de la Beneficencia Pública es la captación de recursos sin autorización gubernamental, sancionado en la Ley de Instituciones de Crédito. La Fiscalía sostiene que los denunciados no podían realizar operaciones de venta de certificados bursátiles como las que llevaron a cabo. Fuentes con conocimiento de la investigación han referido a este diario que el Estado ha exigido la reparación del daño y ha logrado recuperar unos 700 millones de pesos del total de los recursos invertidos por la Beneficencia Pública.Al margen de que el Estado pueda recuperar parte de los fondos desviados, las inversiones de riesgo con recursos públicos están prohibidas por la ley. Las dependencias públicas únicamente pueden invertir en instrumentos financieros del Gobierno. René Gavira, el primer director de Finanzas de Segalmex en la era de López Obrador, fue acusado y enviado a prisión por haber autorizado la inversión de 950 millones de pesos en el fraude de los bonos basura (el exfuncionario ha sido inculpado por otros delitos que incluyen delincuencia organizada y desvío de recursos). El embauco a Segalmex fue encabezado por René Dávila, el socio de Guzmán, y en el esquema participaron tres bancos. Aunque todos los recursos fueron recuperados por presiones del Gobierno de López Obrador sobre las entidades bancarias, persiste el hecho de que se usó dinero público para una inversión ilegal.Guzmán y Dávila, los padres de la estafa Ponzi con bonos basura, están demandados y han comparecido en audiencias judiciales, pero continúan sin sentencia y en libertad. Cuando se destapó el fraude partiendo del caso de Segalmex, la Fiscalía documentó que ambos empresarios son dueños de una fortuna inmobiliaria principalmente en el sureste mexicano, amén de que han hecho movimientos millonarios dentro y fuera del país. El esquema fraudulento ha operado en México cuando menos desde el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. La Administración de López Obrador ha investigado y denunciado el saqueo de recursos mediante el modelo de los bonos basura, pero este continúa funcionando.