Patrullera Belén Karina Durán Ortiz, 24 años; patrullero Edwin Agustín Feria Mercado, 41 años; patrullero Luis Andrés Camaño Álvarez, 35 años; patrullero Andrés David Padilla Mejía, 29 años; patrullero Christian Juvenal Mora Parra, 25 años; patrullero Lenin Rafael Suárez Osorio, 27 años; subintendente Deimer Díaz Pérez, 26 años; patrullero Jorge Luis García Meza, 29 años; subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona, 34 años; subintendente Jhon Jairo Evangelista Monterroza, 43 años; patrullero Andrés Felipe Carrillo Bayón, 23 años; subintendente Ronald Andrés Montañez Quijano; 36 años; patrullero Rubén Darío Velásquez Guevara, 41 años.Esos son los nombres de 13 de los 19 miembros de la Policía asesinados en las últimas dos semanas en medio de un nuevo ‘plan pistola’ del ‘clan del Golfo’, la banda criminal de mayor expansión en el país. Mientras las prioridades del gobierno del presidente Gustavo Petro siguen concentradas en sacar adelante la consulta popular y la campaña política del 2026, la macabra estrategia del ‘clan’ contra la Fuerza Pública le agrega un nuevo frente en llamas a la ‘paz total’, un tema casi que ausente de los discursos y trinos oficiales. A los 19 policías se suman cuatro soldados que también han muerto en la escalada del ‘plan pistola’ y siete militares asesinados por la disidencia de alias Calarcá en el Guaviare, que supuestamente sigue en negociaciones con el gobierno Petro.Como en los tiempos de Pablo Escobar, hace ya casi 40 años, los narcos pusieron precio a la cabeza de los miembros de la Policía, al parecer, en retaliación por uno de los golpes más fuertes a la banda en los últimos años: la caída de José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya, quien murió en operaciones militares el 4 de abril en Córdoba. La estructura criminal les ofrece a los sicarios 3 millones de pesos por cada asesinato.Alias Chirimoya Foto:Cortesía‘Chirimoya’, el tercero al mando del ‘clan’, era el jefe de un bloque que se expandió en los últimos años por toda la región Caribe y que tiene, según las cuentas oficiales, más de dos mil delincuentes, entre armados y redes de apoyo. Su principal fuente de ingresos era el narcotráfico, pero en su portafolio ilegal estaban también las extorsiones y la explotación ilegal de oro en el sur de Bolívar, una de las zonas donde los sicarios han atacado a la Fuerza Pública.La seguidilla de ataques, que tiene en vilo al menos cinco regiones del país, ha sido respondida por las autoridades con la oferta de recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que sirva para evitar nuevos atentados –en Cúcuta, esas informaciones sirvieron para ubicar un arsenal que iba a ser utilizado en el ‘plan pistola’, según la Policía–. Y en una decisión que no se veía hace años y que retrata la gravedad de la amenaza, el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, autorizó que sus hombres no entreguen su arma de dotación cuando terminan el servicio, como lo señala el procedimiento, para que la puedan llevar incluso a sus casas. Las investigaciones dicen que la banda les hace inteligencia a sus víctimas para atacarlas en momentos de descanso o incluso en sus viviendas.Esta semana, el presidente Petro ordenó reforzar las acciones contra el ‘clan del Golfo’ –que a pesar de toda su violencia sigue buscando cupo en la ‘paz total’– y reactivar la operación Agamenón, que tiene más de una década y ha descabezado varias veces esa organización criminal heredera de los antiguos grupos paramilitares. Hoy, el principal objetivo es alias Chiquito Malo, un ex ‘para’ que heredó el poder del extraditado ‘Otoniel’ y ha consolidado un imperio criminal que podría superar los 6.000 delincuentes a través de varias modalidades, desde la militancia directa hasta las ‘franquicias’ con organizaciones más pequeñas.Policías asesinados por ‘plan pistola’. Foto:CortesíaEl ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que “el Estado no se deja intimidar por los criminales” y anunció más respaldo para los hombres y mujeres que a diario se juegan la vida en defensa de la ley. Lo que dicen el ministro y los generales es que esta escalada “no es un signo de debilidad del Estado sino la reacción criminal y demencial de estos grupos que han sido afectados críticamente”.¿Estrategias eficaces?La zozobra ha sido usada repetidamente por el ‘clan del Golfo’ para responder contra las acciones de la Fuerza Pública. Con paros armados y ‘planes pistola’, han replicado a golpes como las dadas de baja de ‘Gavilán’ y ‘Giovanni’ (el hermano de ‘Otoniel’) y, ahora, a la de ‘Chirimoya’.Aunque expertos dicen que medidas como las recompensas y el permiso de volver armados a sus casas son medidas pertinentes, advierten que la amenaza del ‘clan del Golfo’ ha seguido creciendo en medio de la ‘paz total’, entre otras razones porque los ceses de fuego que decretó el Gobierno en favor de unos grupos que supuestamente estaban negociando terminaron beneficiando a los otros que delinquían en la misma zona.Esa delincuencia ‘traslapada’ se ve hoy prácticamente en todo el país y es una de las mayores dificultades para la operación de la Fuerza Pública. El general (r) Guillermo León, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), asegura en ese sentido que frente a la actual situación de violencia “no puede haber ambigüedades”.“Los hechos demuestran el pérfido aprovechamiento de los ceses de fuego por parte de las organizaciones criminales”, dice el oficial en retiro. Por eso instó al Gobierno a “retomar el control pleno y hacer valer la autoridad legítima del Estado en cada rincón de Colombia”.Policía ha capturado a 83 presuntos integrantes del ‘clan del Golfo’ detrás ‘plan pistola’. Foto:PolicíaOtros analistas advierten que la autorización para que los policías porten armas fuera del servicio como respuesta al ‘plan pistola’ tiene un impacto limitado y podría incluso aumentar los riesgos para los uniformados y sus familias. Señalan que la medida es más defensiva que preventiva y no aborda los problemas estructurales que permiten el accionar de los grupos armados y podría, además, generar nuevas vulnerabilidades en zonas de alta amenaza.Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señala por su lado que el permiso, que considera útil para enfrentar la situación actual, debe ir acompañado de instrucciones claras y controles sobre el uso de las armas. Además, recomendó fortalecer el control sobre armas y municiones para evitar desviaciones o robos y otras medidas, como el transporte en grupos y limitaciones al uso de uniformes fuera de servicio, para reducir los riesgos de ataques en ciertas regiones.Janiel Melamed, analista del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, y César Niño, analista de conflicto, señalaron que la medida de portar armas fuera del servicio puede tener “un efecto disuasivo limitado” y advierten que hay que ver más allá de los supuestos ataques por venganza por los golpes de la Fuerza Pública.Melamed y Niño aseguran que, como sucede con los paros armados del Eln, en el trasfondo de las estrategias criminales se esconden otras lógicas. Los atentados contra los uniformados tienen un efecto inmediato sobre las operaciones de control territorial, toda vez que ralentizan las labores investigativas y obligan al repliegue de fuerzas, lo que permite a los grupos armados fortalecerse y adelantar acciones camufladas como el movimiento de grandes cargamentos de droga.Sepelio de uno de los policías asesinados. Foto:CortesíaDetrás del ‘plan pistola’El académico Luis Trejo, director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte, dice que, en territorios donde el ‘clan del Golfo’ tiene presencia sostenida, los ataques selectivos elevan el costo de operar contra ellos. “En estos escenarios, actuar en su contra puede significar convertirse en objetivo militar”, señala. Y advierte que no es un mensaje solo para los policías: “El uso de la violencia se convierte así en una forma de presión para que el Estado reconozca la necesidad de establecer canales de interlocución con ellos”, afirma.En esa misma línea, la experta en temas de seguridad Melisa Franco señaló que la reactivación del ‘plan pistola’ es un mecanismo de guerra psicológica y criminal que tiene múltiples lecturas, pero una intención clara: debilitar la presencia institucional y demostrar poder ante la comunidad y el Estado. “Esta estrategia criminal no solo busca sembrar terror y desmoralización dentro de la Fuerza Pública, sino forzar un repliegue del Estado desde los territorios más vulnerables. Su trasfondo es político y funcional; dado que funciona como una herramienta de presión ante operaciones ofensivas del Estado”.El experto en seguridad Hugo Acero advierte una falla que hoy parece común en toda la estrategia contra los actores armados en el país: la debilidad en la inteligencia, que fue una de las más golpeadas por las purgas de generales y coroneles del gobierno Petro desde el inicio de su mandato. Desde hace varios años, pero sobre todo desde el 2022, las capacidades para anticiparse a las acciones de los grupos criminales son mucho menos efectivas que en el pasado. Los analistas agregan que la situación se agrava cuando, a la falta de prevención, se suman las reacciones tardías o insuficientes de la Fuerza Pública por cuenta de las decisiones políticas.Así quedó un vehículo de Policía tras un ataquedel ‘clan del Golfo‘ en Remedios, Antioquia. Foto:Redes socialesEl nuevo desafío del Estado frente al ‘clan del Golfo’ es su objetivo de expansión hacia zonas controladas por otras bandas armadas, como Buenaventura y el Cauca.Melisa Franco plantea como salida de esta crisis lanzar “una respuesta articulada” que convoque a todos los niveles del poder público. “El Estado no puede responder con medidas reactivas ni simbólicas. Se necesita gobernabilidad efectiva y un llamado firme a la acción nacional por la defensa y protección de nuestros uniformados”. “El mensaje debe ser claro: no puede haber diálogo con quienes, en paralelo, asesinan, extorsionan o desafían abiertamente al Estado. La política de ‘paz total’, sin ajustes ni condiciones firmes, está generando efectos contrarios: permisividad, rearme y expansión del crimen”, dice la experta.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: