La Fiscalía de Oaxaca encuentra el cuerpo de la activista Sandra Domínguez en Veracruz

Se ha acabado la búsqueda. Después de seis meses, la Fiscalía de Oaxaca ha anunciado este lunes que ha encontrado los cuerpos de la activista Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández. La pareja llevaba desaparecida desde el 4 de octubre del año pasado. Sus restos han sido hallados en dos fosas dentro de un inmueble en la localidad Santiago Sochiapan, en Veracruz, muy cerca de la frontera con Oaxaca. La línea de investigación de la Fiscalía apunta a que Domínguez y Hernández fueron atacados por una cédula delictiva de la región. Sin embargo, la activista había recibido amenazas tras revelar los grupos de WhatsApp que tenían funcionarios públicos del Gobierno de Oaxaca para compartir mensajes machistas y fotografías de mujeres desnudas sin su consentimiento. “Sandra ya está en casa, pero no como soñábamos”, ha dicho con voz rota este lunes su hermana Kisha Domínguez: “Después de 206 días de angustia, de noches interminables y de una lucha inalcanzable para exigir su regreso: hoy con el corazón desgarrado confirmamos que hemos encontrado a Sandra”. Domínguez ha recordado la labor de lucha de su hermana contra la violencia de género: “Levantó su voz por la dignidad de todas, poniendo su propia vida en riesgo”.La desaparición y asesinato de Sandra Domínguez, una activista de 38 años muy reconocida en la región, evidencia el miedo y la desprotección que viven los defensores. Domínguez saltó a los focos en 2021 cuando expuso al precandidato de Morena Humberto Santos. El político, que aspiraba a un asiento en la Cámara de Diputados local de Oaxaca, había creado el chat de Whatsapp “Sierra XXX” en el que animaba a compartir fotos íntimas de mujeres indígenas. Santos trató de defenderse, pero el escándalo le obligó a bajar su candidatura. Dos años después, la activista volvió a revelar el mismo modus operandi en el Gobierno de Salomón Jara, donde diputados y altos funcionarios habían organizado otra vez un grupo, ahora llamado Mega Peda, con el propósito de compartir fotos sexuales de mujeres y distribuirla sin su consentimiento. Uno de los acusados fue Donato Vargas, titular de la Coordinación de Delegados de Paz de Oaxaca, situado en la órbita de Morena. Vargas ya había señalado también por formar parte del primer grupo de 2021. Desde esta última denuncia, la activista comenzó a sufrir llamadas intimidatorias a su despacho. A ella y a sus compañeras les dijeron en varias ocasiones: “Bájale, deja de estar molestando”. Les mandaban mensajes con información personal o de sus movimientos, para demostrar que las tenían controladas. Sandra acabó alejándose, bajó su perfil social, y dejó de contestar muchas de las peticiones que le hicieron sus colegas. “Lograron silenciarla, estaba amenazada”, contó a EL PAÍS una fuente de su entorno, que pidió mantener el anonimato.Así, la familia y el entorno de Sandra siempre pidió mantener su trabajo de activista como una de las principales líneas de investigación de la desaparición. Esta petición chocó con el muro del Gobierno de Jara. Su número dos, Jesús Romero López, secretario de Gobierno, llegó a decir solo unos días después de la desaparición que Donato Vargas no tenía nada que ver con este crimen. Después tuvo que retractarse. Sin embargo, la familia de Sandra tuvo que hacer un plantón en Oaxaca de Juárez, la capital de la entidad, para exigir justicia. “Quiero que me regresen a mi hija”, dijo su madre Aracely Martínez, visiblemente conmovida, frente al Palacio de Gobierno. La hipótesis de los chats no está contemplada en los comunicados de la Fiscalía de Oaxaca. La dependencia, muy criticada por sus últimas actuaciones en la masacre de nueve jóvenes de Tlaxcala en la costa de Huatulco, ha afirmado esta mañana que las “líneas de investigación apuntan a que fueron integrantes de células delictivas que operan en el estado de Veracruz, principalmente, las responsables de la desaparición de las víctimas”. Y que “estas son precisamente las líneas de investigación que se han establecido desde el primer momento”. La última vez que se supo de Sandra y Alexander fue en María Lombardo de Caso, una localidad oaxaqueña muy cercana a la frontera con Veracruz, y a escasos 50 kilómetros de donde han sido encontrados ahora. A los pocos días de que se los llevaran, la Fiscalía halló en Playa Vicente (Veracruz) la camioneta que la pareja solía conducir y un poco después aseguró el teléfono de la activista en la comunidad de El Nigromante, también en ese Estado. El área de actuación de los agentes ha sido alrededor de un área de 100 kilómetros, en la cuenca del Papaloapan.Así el siguiente punto marcado fue el rancho El Capricho, en la comunidad de Nazareno, también en Veracruz, donde los agentes acudieron a hacer una detención de uno de los presuntos responsables de la desaparición. Allí aparentemente fueron recibidos con disparos. En el operativo fue abatido el dueño del rancho, un hombre identificado por las iniciales A.G.T., dos de sus acompañantes, identificados como C.R.V. y A.G.M., y un policía de la Secretaría de Seguridad federal. En el lugar aseguraron rifles de asalto y establecieron el perímetro de búsqueda.El 24 de abril en un inmueble ubicado en un camino de terracería, que conduce de La Ceiba a Unión Progreso, la Fiscalía encontró las dos fosas con los cuerpos sin vida de Sandra y Alexander. De momento, solo hay una mujer, de iniciales C. E. R. M., detenida por el crimen. Mientras, la familia asegura: “El caso de Sandra es un reflejo doloroso y contundente de la realidad que soportamos en el país. Sin la exigencia de la sociedad no hay compromiso real del Estado”.