Esa acreditación se enmarca en el caso 04 de la JEP, que desde septiembre del 2018 investiga la situación por el conflicto armado en Urabá. Este proceso abarca crímenes cometidos entre 1986 y 2016 en 14 municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.El espacio de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) validó como victimas a 11 antiguos soldados de Ejercito Nacional que resultaron heridos por minas antipersonal en Urabá. Los hechos, que ocurrieron entre 1997 y 2014 en los municipios de Dabeiba, Turbo y Apartadó (Antioquia), dejaron daños físicos y psicológicos permanentes tanto en ellos, como en sus familias.Reconocimiento de victimas y las secuelas permanentes por el conflictoEntre los militares acreditados se encuentran Miguel Ángel Sanchez, Isnardo Mendoza, Juan David Cano, Harrinson Mosquera Dámaso Erazo, Oscar Javier Sánchez, Jairo Aguilar, Jairo Cañas, Daniel Pico, Ariel Urango y Yeisson Ocampo.Cada uno presentó ante la JEP su testimonio sobre el momento en que pisaron minas antipersonal, acompañando esos relatos con pruebas y documentos oficiales.La entidad concluyó que todos sufrieron lesiones graves: desde amputaciones hasta traumas emocionales duraderos. Estas secuelas no solo truncaron sus carreras militares, sino que también afectaron la vida cotidiana y los proyectos personales de cada uno.Además, varios de ellos solicitaron el reconocimiento de sus allegados como victimas indirectas, aludiendo al impacto de estas heridas sobre quienes los cuidaron y convivieron con sus nuevas limitaciones. Con estas solicitudes, el número total de acreditados en este acto asciende a 23 personas.Pasos a seguir y ordenes por la JEPLa decisión de acreditar a esas victimas no se limita al reconocimiento simbólico. La JEP encomendó a la Fiscalía General de la Nación que informe sobre las investigaciones abiertas en torno a esos hechos, con el fin de determinar responsabilidades pendientes.Este caso se centra tanto en la Fuerza Pública como grupos paramilitares y las extintas Farc-EP. Foto:Julián Ríos Monroy. EL TIEMPOParalelamente, el Grupo de Análisis de Información (Gai) de la JEP deberá mapear los lugares exactos donde ocurrieron los incidentes con las minas. Esta georreferenciación busca facilitar futuras labores de investigación y de prevención de nuevos accidentes de la región.También se dio instrucciones internas para incorporar estos casos en el plan de atención integral que ofrece la JEP a las víctimas acreditadas. Varias dependencias—entre ellas la Oficina de Enfoques Diferenciales y la de Justicia Restaurativa—trabajarán en conjunto para diseñar acciones que atiendan tanto las necesidades físicas como las emocionales de los exmilitares y sus familiares.Esa acreditación se enmarca en el caso 04 de la JEP, que desde septiembre del 2018 investiga la situación por el conflicto armado en Urabá. Este proceso abarca crímenes cometidos entre 1986 y 2016 en 14 municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.A diferencia de otros casos, este no se centra en un solo grupo armado: tanto la Fuerza Pública como grupos paramilitares y las extintas Farc-EP incurrieron en delitos en las zonas.Con el reconocimiento, las víctimas podrán acreditadas pueden acceder a programas de apoyo psicosocial, rehabilitación física y medidas de reparación colectiva o individual que diseñe la jurisdicción.TAMBIÉN PUEDE VER:Juicio al expresidente Álvaro Uribe – Día 30 – Parte 2 Foto:DANNA VALERIA FIGUEROA RUEDAESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO