En la mañana de este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, ante el Juzgado 56 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.Audiencia de imputación a María Alejandra Benavides. Foto:Archivo ParticularA la exasesora del exministro Ricardo Bonilla, la Fiscalía Novena Delegada, a cargo de María Cristina Patiño, ante la Corte Suprema de Justicia, le imputó el delito de celebración indebida en la celebración de contratos dentro del proceso por corrupción que se gestó dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (UNGRD). La imputación se realiza para que la exfuncionaria acceda al principio de oportunidad.Luego de la lectura de los hechos por parte del ente investigador, la jueza señaló “en efecto encuadran con la conducta punible en la celebración indebida en la celebración de contratos, como presunta cómplice de ese delito en concurso homogéneo sucesivo tres veces como señaló la Fiscalía. A partir de este momento, ha adquirido la calidad de imputada”.Como estaba previsto, María Alejandra Benavides no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, por el principio de oportunidad con el que acordó con el ente investigador. “No acepto los cargos esto por el entendido en que estoy realizando un principio de oportunidad con la Fiscalía”, dijo.Benavides afirmó en su testimonio ante la Fiscalía General de la Nación que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al parecer, conocía sobre los actos de corrupción en la UNGRD.Esta es María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Foto:Redes sociales y archivo particularLa reunión de Alejandra Benavides con exviceministro Diego Guevara y congresistasBenavides habría sido el vínculo entre el Ministerio de Hacienda, la Unidad y congresistas que, al parecer, pidieron contratos a través de la entidad.De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, habrían direccionado de al menos tres contratos por un valor de $92.000 millones en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar.El dinero habría sido utilizado presuntamente para comprar votos de congresistas integrantes de la Comisión de Crédito Público, con el fin de aprobar créditos requeridos por el Gobierno.En noviembre de 2023, tras meses de aplazamientos, inasistencias y falta de quórum por parte de los congresistas a las sesiones convocadas por el Ministerio de Hacienda, finalmente se aprobó por unanimidad la viabilización de operaciones de crédito público. Según la Fiscalía, los parlamentarios condicionaron su voto a cambio de que el ministro Bonilla permitiera la inclusión de proyectos regionales de su interés en la contratación pública, que serían tramitados a través de la UNGRD.Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:Jesús BlanquicetAsí lo instruyó Bonilla a su funcionaria María Alejandra Benavides el 31 de octubre de 2023, en una reunión en su despacho, donde le ordenó recibir de los congresistas los proyectos que querían impulsar. Benavides luego gestionó estos intereses con la UNGRD, en coordinación con el enlace del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo, y con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.Los proyectos en cuestión fueron tres contratos de obra pública en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Los congresistas presuntamente interesados eran Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.El 5 de diciembre de 2023, Benavides, acompañada por Diego Guevara, entonces viceministro de Hacienda, se reunió con los congresistas.”Usted y el entonces viceministro Diego Guevara, se reunieron con los congresistas de la Comisión Interparlamentaria, (…) a quienes le informaba que los proyectos contractuales que se tramitarían probablemente serían viabilizados en el siguiente año, esto es durante el 2024″, dijo la fiscal.Guevara ya acudió al despacho del magistrado de la Corte Suprema, Misael Rodríguez, para declarar en calidad de testigo en la investigación que se adelanta contra los parlamentarios.Diego Guevara en la Corte Suprema Foto:Juan Diego Torres.Al día siguiente, se aprobó una de las operaciones crediticias con el compromiso tácito de que los contratos avanzarían antes de que finalizara 2023.El 11 de diciembre, Benavides le entregó a Jaime Ramírez un sobre sellado con los nombres y valores de los proyectos, además de los contactos regionales sugeridos por los congresistas. Para el caso de Cotorra, por ejemplo, se designó como enlace al contratista Harry Bejarano. En Saravena, los contactos fueron Wilfredo Granados y Camilo Díaz, mientras que para El Carmen de Bolívar figuraron Juan Carlos y Edilberto Torres.Luego el 15 de diciembre, la Comisión aprobó la última operación de crédito, después de una reunión entre Bonilla, Olmedo López —director de la UNGRD— y los funcionarios involucrados. Ese mismo día, Sneider Pinilla, subdirector de manejo de desastres de la UNGRD (ya condenado por estos hechos), inició contactos con los contratistas designados por los congresistas.A partir de entonces, Benavides realizó un seguimiento permanente a los avances contractuales y mantuvo informado a Bonilla. Sin embargo, tras el estallido del escándalo de corrupción en la UNGRD, los proyectos quedaron paralizados y no llegaron a materializarse.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: