El príncipe Enrique, “devastado” tras perder la batalla legal contra el Gobierno británico por rebajar su nivel de seguridad en el Reino Unido | Gente

El duque de Sussex ya no tiene derecho al mismo nivel de protección policial, pagada por el contribuyente británico, que otros miembros de la familia real. El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ha desestimado este viernes 2 de mayo el recurso legal del príncipe Enrique contra la decisión del Gobierno de rebajar su grado de seguridad cuando visita el Reino Unido.Tras la resolución, Enrique de Inglaterra ha asegurado en una entrevista con la BBC sentirse “devastado”, y, luciendo molesto, ha descrito su derrota en la corte como un “buen truco del establishment a la antigua usanza”, de la que culpa a la casa real por influir en la decisión de reducir su seguridad. Según asegura, no habla con su padre, el rey Carlos III, precisamente por esta cuestión: “No quiere hablar conmigo por cuestiones de seguridad”, ha dicho al medio británico, añadiendo que no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida a su padre, que fue diagnosticado de cáncer en febrero del año pasado, y a quien no ve desde entonces. “Nunca le pedí a mi padre que interviniera [en la disputa legal]; le pedí que se hiciera a un lado y dejara que los expertos hicieran su trabajo”, añade al respecto. También ha asegurado en la entrevista, realizada en California, que le encantaría una “reconciliación” con su familia, a los que, a pesar de los muchos desacuerdos, dice haber perdonado: “Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más”.Más informaciónEl duque de Sussex, que asistió personalmente a las vistas que tuvieron lugar el 8 y 9 de abril, interpuso una querella contra el Ministerio de Interior por la decisión adoptada poco después de su abandono de las funciones públicas derivadas de su pertenencia a la casa real, y de su salida del país. El príncipe, hijo menor del actual monarca británico, Carlos III, ha estado intentando anular todo este tiempo la decisión adoptada por el Ministerio del Interior británico en febrero de 2020. La reducción de esta seguridad se llevó a cabo después de que Enrique de Inglaterra, de 40 años, y su mujer, Meghan Markle (California, 43 años), renunciaran a sus títulos y abandonaran sus compromisos como miembros a tiempo completo de la familia real británica ese mismo año. En la actualidad, residen en California junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet. El tribunal entiende la sensación de desamparo del príncipe, pero rechaza que tenga una base legal para su reclamación. “Tras estudiar los documentos detallados, concluimos que no se puede afirmar que el sentimiento de agravio se traduzca en un argumento legal para impugnar la decisión del Comité ejecutivo de Protección de Figuras públicas y de la realeza (Ravec), el ente que tomó la decisión”, ha asegurado hoy el juez Geoffrey Vos, uno de los tres magistrados que han estudiado el caso. Varios medios británicos apuntan a que ahora Enrique de Inglaterra se enfrenta a tener que hacer frente a los costes de ambas partes, que podrían ascender a 1,5 millones de libras.Los jueces también afirman que los duques de Sussex estuvieron “entrando y saliendo” del dispositivo de protección de Ravec antes de que este tomara la decisión que tan poco ha gustado a Enrique, ya que “fuera del Reino Unido estaban fuera del sistema, pero cuando estaban dentro su seguridad se consideraba apropiada”. “Era imposible decir que este razonamiento fuese ilógico o inapropiado, de hecho parecía sensato”, considera el tribunal, que sostiene que la decisión de este organismo fue “comprensible, y quizá previsible”. El juez ha afirmado, en una vista en la que no ha estado presente el príncipe, que los argumentos de su defensa eran “poderosos y conmovedores”, y que era “evidente que se sentía maltratado por el sistema”. Aun así, no ha sido insuficiente para darle la razón.El pasado mes de abril, el príncipe Enrique aterrizaba por sorpresa a Londres para asistir a los días de vista judicial sobre su caso, celebradas en el Alto Tribunal de Apelación de Londres, tras haber perdido en primera instancia hace algo más de un año su batalla judicial contra el Gobierno británico. “Ha sido señalado por un trato diferente, injustificado e injusto”, aseguró entonces Shaheed Fatima, abogada del duque de Sussex en el primer día. La letrada también afirmaba que él no perseguía recibir el mismo trato que cuando era un miembro activo de la familia real, pero quería que su seguridad fuera considerada sobre la misma base que otras figuras públicas. Su apelación contra el Gobierno británico “alude al derecho más fundamental, el de la seguridad de una persona”, añadía durante su intervención del 8 de abril. El príncipe Enrique, el pasado 9 de abril en el Tribunal de Apelación de Londres.TOLGA AKMEN (EFE)Su abogada llegó a defender la necesidad de protección del príncipe y su familia asegurando que Al Qaeda había pedido recientemente que le asesinaran, y que él y Meghan Markle se habían visto envueltos en “una peligrosa persecución en coche con paparazis en Nueva York” en 2023. “No hay que olvidar la dimensión humana de este caso: “la seguridad y la vida” del hijo menor de Carlos III “están en juego”, dijo Fatima. “Su presencia a lo largo de esta apelación es una demostración de la importancia que tiene este caso para él y su familia”, llegó a afirmar la abogada.En enero de 2022, Enrique de Inglaterra explicaba los motivos de esa denuncia a través de un comunicado emitido por un representante. Según se afirmaba en el escrito, su objetivo es “garantizar su seguridad y la de su familia mientras se encuentra en el Reino Unido para que sus hijos puedan conocer su país de origen”. Una protección sin la que no podrá volver a su hogar, denunciaba, pues a pesar de contar con su cuerpo estadounidense de seguridad privada, sus representantes legales apuntaban que ese equipo no tiene jurisdicción en el extranjero ni acceso a la información de inteligencia del Reino Unido, necesaria para mantenerlos a salvo.Tras un primer juicio celebrado en diciembre de 2023, fue en febrero de 2024 cuando el magistrado Peter Lane, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, propinó un varapalo al príncipe, dando la razón al Gobierno de retirarle el servicio de seguridad del que gozaba en el Reino Unido. Desde entonces, no se le proporciona de manera automática seguridad policial al pisar suelo británico, y tiene que mandar un aviso con 30 días de anticipación sobre cualquier plan de viajar a Gran Bretaña para que sea evaluado en cada caso y según lo que implique cada visita. Él y su defensa siempre han sostenido que sigue teniendo derecho a esa protección por el mero hecho de haber nacido dentro de la familia real, aunque ya no tenga un papel oficial desde que se marchó a vivir con su familia hace cinco años a Estados Unidos. Ahora, ha recibido otro duro revés judicial. “No veo un mundo en el que traería a mi esposa e hijos de regreso al Reino Unido en este momento”, ha dicho a la BBC. Ya solo le quedaría llevar su caso al Tribunal Supremo,