El Gobierno de Trump rechaza la orden judicial para retornar al salvadoreño deportado por error a la cárcel de Bukele | Inmigración en Estados Unidos

Un nuevo pulso entre el poder judicial y el Gobierno de Donald Trump. El Ejecutivo ha rechazado este sábado la orden dictada el día anterior por una jueza federal que le obliga a retornar a Estados Unidos al salvadoreño que fue deportado por error a su país. El detenido contaba desde 2019 con una protección judicial que prohibía su traslado.“Una orden judicial que obliga al (poder) Ejecutivo a interactuar con una potencia extranjera de cierta manera, y mucho menos a obligar a una acción específica por parte de un soberano extranjero, es constitucionalmente intolerable”, escribieron los abogados del Gobierno en su apelación. El tribunal ha pedido a los abogados de Kilmar Armando Abrego García que respondan a la solicitud del Gobierno antes del domingo por la tarde.El Ejecutivo admitió esta semana que Abrego García, de 29 años y residente en Maryland, fue enviado a El Salvador por “un error administrativo”, pero rechazó iniciar acciones para llevarlo de vuelta a Estados Unidos, alegando que ya está bajo custodia del Gobierno salvadoreño.La jueza federal de distrito de Maryland, Paula Xinis, obligó al Gobierno en un fallo del viernes 4 de abril a retornar a Abrego García antes del próximo martes. La magistrada describió la deportación de Abrego García como “un acto ilegal” y dio de plazo hasta las 11.59 pm del 7 de abril para que la Administración de Trump lo lleve de vuelta a Estados Unidos. En la audiencia celebrada el viernes, el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, admitió ante Xinis que Abrego García no debería haber sido expulsado y que no debió ser enviado a El Salvador. Además, reconoció que no sabía por qué fue arrestado, en primer lugar. “También estoy frustrado porque no tengo respuestas para muchas de estas preguntas”, le dijo a la jurista.Abrego García, que trabajaba como obrero metalúrgico, fue detenido por los agentes del Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) junto con otros tres hombres cuando esperaba un trabajo frente a una tienda de Home Depot, en Baltimore, Maryland. Los agentes le acusaron de pertenecer a la pandilla criminal MS-13, aunque nunca aportaron pruebas y no se presentaron cargos contra él. “En un tribunal, cuando alguien es acusado de pertenecer a una organización tan violenta y depredadora, se presenta mediante una acusación formal, una denuncia y un proceso penal: un proceso sólido para que podamos abordar los hechos”, dijo Xinis. “Todavía no he escuchado eso del Gobierno”.Jennifer Vásquez Sura, la esposa de Kilmar Abrego García, en Maryland, el 4 de abril.Jose Luis Magana (AP)Abrego García llegó con 16 años a Estados Unidos proveniente de El Salvador, de donde huyó por las amenazas de muerte recibidas por las pandillas que tenían atemorizado el país. Casado con una ciudadana estadounidense, reside en Maryland con su esposa, un hijo común discapacitado y dos hijos más de la anterior relación de su esposa. En 2019, un juez le concedió un estatus de protección que prohibía su deportación a El Salvador, por considerar el daño que podría causarle el regreso a su país. Una garantía, que la Administración de Trump no respetó al deportarlo.El 15 de marzo fue uno de los 23 salvadoreños que junto a 238 venezolanos fueron deportados al país centroamericano sin una orden judicial. Trump se apoyó en la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha usado durante contiendas bélicas. La última vez fue durante la Segunda Guerra Mundial.Los deportados tuvieron por destino el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad construida en El Salvador por el Gobierno de Nayib Bukele para albergar a miembros de pandillas. Defensores de derechos humanos han denunciado las deplorables condiciones a las que se someten los detenidos en esta prisión.El traslado se produjo desobedeciendo las órdenes del juez federal del distrito de Washington James Boasberg, quien esta semana afirmó que el Ejecutivo actuó “de mala fe” al permitir que los aviones que trasladaban a los detenidos aterrizaran en El Salvador pese a su orden de regresar cuando estaban en el aire.Decenas de simpatizantes se manifestaron junto con la esposa de Abrego García en el tribunal federal de Greenbelt, Maryland, para la audiencia del viernes.Kilmar Abrego García es obligado a sentarse con otros presos en el Cecot, en una imagen donde es identificado por su esposa.APEl abogado de la familia, Simon Sandoval-Moshenberg, dijo que el Gobierno no ha hecho nada para traer de vuelta a su cliente, incluso después de admitir sus errores. “Muchos tuits. Muchas conferencias de prensa de la Casa Blanca. Pero no se han tomado pasos reales con el gobierno de El Salvador para corregirlo”, le dijo a la jueza el viernes.