La criminalización del gremio médico no se detiene. Como si no fueran suficientes las arbitrariedades que comete el Estado mexicano contra este sector fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad, ahora se dan a conocer casos que evidencian la extrema violencia ejercida en su contra.
A inicios de esta semana, se informó que el médico veterinario Héctor Hernández fue asesinado en Tultitlán, Estado de México, por los dueños de una perrita yorkshire llamada Mía, que falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía.
El caso, que conmocionó al país, resulta aún más indignante cuando salen a la luz publicaciones en redes sociales en las que el propio Héctor describió cómo, a pesar de todos sus esfuerzos, le fue imposible salvar la vida de la perrita.
Por otro lado, en Durango, médicos residentes que participaron en el proceso para solicitar una plaza en el Seguro Social hicieron público que no aceptarán los puestos ofrecidos en la zona circundante a Mazatlán, Sinaloa. Esto se debe a la creciente violencia en ese estado, que no les garantiza el ejercicio de su profesión con libertad y seguridad.
La falta de insumos y medicamentos, que, según el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, no comenzará a regularizarse sino hasta marzo, es solo uno de los muchos retos que enfrentan los médicos que trabajan en el sector público en México. Las condiciones parecen volverse cada vez más precarias.
Estos escenarios complejos dejan desamparados a los médicos, quienes también enfrentan posibles persecuciones por parte de la Fiscalía General de la República por presuntos casos de negligencia. En muchas ocasiones, estos señalamientos se deben a la falta de recursos y a la indefensión en la que se encuentra el personal de salud.