La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años y 2 meses de prisión al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por su responsabilidad en irregularidades contractuales cometidas durante su administración en 2013.El exmandatario fue hallado culpable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo y sucesivo, por hechos relacionados con la contratación de mobiliario escolar para instituciones educativas públicas del departamento.Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:Jesús BlanquicetLa Corte también le impuso una multa equivalente a 366 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de 12 años y 10 meses. El alto tribunal le negó el beneficio de prisión domiciliaria.Según el fallo, los contratos adjudicados durante su mandato violaron los principios fundamentales de la contratación pública. La Sala encontró que se llevaron a cabo con estudios previos defectuosos, sin un análisis de mercado riguroso ni evaluación de costos, lo cual impidió una planeación adecuada y transparente del gasto público.Además, se comprobó que se utilizaron cotizaciones falsas de empresas que ni siquiera estaban habilitadas para proveer el tipo de bienes requeridos. De igual forma, se fusionaron tres contratos independientes en uno solo, maniobra que redujo la posibilidad de participación de más oferentes y restringió la libre competencia, principio clave en los procesos de contratación estatal.Facundo Castillo, exgobernador de Arauca. Foto:Archivo ParticularLa Corte concluyó que el entonces gobernador actuó con pleno conocimiento de las irregularidades. El fallo señala que todo el procedimiento contractual fue montado únicamente para darle una “apariencia de legalidad” a una contratación que no cumplía con los requisitos esenciales establecidos por la ley.“El acusado estuvo siempre en capacidad de comprender la ilicitud del proceso contractual”, advirtió la Sala, y señaló que Castillo intentó eludir su responsabilidad delegando funciones, cuando en realidad tenía pleno control de la operación. Pese a conocer las múltiples anomalías del proceso, decidió llevarlo a cabo voluntariamente, asumiendo los riesgos que ello implicaba para la administración pública.Redacción JusticiaMás noticias: