Tras la bomba mediática del anuncio presidencial, que convocó a una asamblea popular para salvar las reformas sociales que están prácticamente hundidas en el Congreso, se está planteando el nuevo escenario que tendría que sortear Gustavo Petro: medirse el aceite en las urnas. La última vez que los colombianos votaron en una consulta fue hace siete años. El partido Alianza Verde dejó en manos de la ciudadanía el aval de una serie de ‘medidas anticorrupción’, como la reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios.El tarjetón contenía siete preguntas de ese tono con dos opciones de respuesta: sí o no. Y sometieron a escrutinio temas como si a las personas condenadas por corrupción se les debería prohibir contratar con el Gobierno, si estaba de acuerdo con que la contratación transparente sea obligatoria en todo el país o si la asignación presupuestal debía contar con la participación ciudadana. Ese mecanismo también fue objeto de críticas por generar un conflicto entre la democracia directa y la democracia representativa, es decir, que el poder ciudadano ordene al Congreso expedir determinadas reglas. Poner en tela de juicio la autonomía de la rama es el mismo reproche que está recibiendo el Presidente, quien, por primera vez en la historia moderna, utiliza este mecanismo para buscar el aval de una norma de carácter legislativo. ¿Cómo deben ser las preguntas?Legalmente, el jefe de Estado está facultado para llamar al pueblo a avalar una iniciativa. Según la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, “el Presidente de la República puede proponer una consulta popular sobre asuntos de interés nacional”. Esta convocatoria también puede nacer de un grupo de ciudadanos equivalente al 10 % del censo electoral.Lo que no puede hacer el mandatario, aspecto que sigue estando en el aire, es someter a votación el articulado de una reforma, en este caso, la de salud y la laboral. “En Colombia no se puede someter a consulta popular un texto normativo extenso como el de una reforma a la salud o una reforma laboral que no haya sido aprobada por el Congreso. Este mecanismo permite preguntar a los ciudadanos sobre temas de trascendencia nacional con preguntas claras y concretas de respuesta “Sí” o “No”, pero no puede reemplazar el proceso legislativo”, le dijo a este diario el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares.El marco regulatorio de la consulta establece que los temas sometidos a escrutinio deben ser de trascendencia nacional y que la pregunta debe ser “clara, precisa y de carácter general”. Antes de convocar a las urnas, la propuesta del Presidente, así como el tema y las preguntas, debían haber recibido el visto bueno del Senado y de la Corte Constitucional para aprobar la convocatoria.La Sentencia T-445/16 del alto tribunal dio más luces sobre la forma en que debe estar redactado el tarjetón. “Existe un deber de claridad en la formulación de las preguntas sometidas a la consideración del pueblo, y la inclusión de notas o preguntas introductorias, así como los términos en que sean redactadas, debe presentar de manera completa el contenido de los artículos que introducen”, se lee en el documento.Para el exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, Andrés Briceño, la o las preguntas deben permitir adelantar acciones concretas o buscar actuaciones administrativas del Ejecutivo. “Puede llevar a que el Ejecutivo exija al Legislativo darle trámite, pero hay límites. Hay que aclarar que el pueblo no toma la decisión, lo que le da es un mandato al Ejecutivo para que el Congreso cumpla sus funciones legales y constitucionales”, afirmó el exconsejero. En términos concretos, las preguntas no pueden estar orientadas a imponerle al Legislativo aprobar las reformas. Por ejemplo: “¿Está usted de acuerdo con que el Congreso apruebe la reforma laboral y de la salud?”. Estas, según el exmagistrado, deben estar enfocadas en dar línea sobre los temas que incluye el paquete normativo. “Aquí viene un asunto complejo: son dos reformas, y la consulta debe ser general. Luego los dos asuntos deberían ser cursados por la misma consulta”, añadió el jurista.Sara Valentina Quevedo Redacción Justicia