Nicolás García Costa necesita una rutina para vivir, seguridad, seguir todos los días el mismo ritual. Los cambios le ponen nervioso, le desequilibra, le rompen los esquemas. Y su vida ha cambiado completamente desde que, el 29 de octubre, la dana arrambló con todo en la avenida principal del barrio de La Torre de Valencia. El joven de 21 años, con síndrome del espectro autista, lo vio todo desde su habitación, en un segundo piso. No se le olvida, pero lo que más ha trastornado su existencia es una de las consecuencias inicialmente más desapercibidas y que, con el paso de los meses, se ha conformado como un grave problema: la avería del ascensor de su edificio.Cinco meses después de que el tsunami de agua, barro y cañas se llevara la vida de 227 personas, numerosos vecinos viven atrapados en sus casas porque no pueden bajar a la calle o precisan ayuda para hacerlo. Son personas mayores, con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad, en su mayoría. El vicepresidente valenciano para la reconstrucción tras la dana, Francisco José Gan Pampols, señaló la pasada semana en su diagnóstico de la catástrofe que cerca de 6.000 de los 10.000 ascensores afectados siguen estropeados y que el coste global de la reparación puede ascender a 160 millones de euros.Emilio Carbonell, presidente de la asociación profesional valenciana de ascensores (Ascencoval), sugiere que esa estimación no está actualizada y la reduce a un máximo de 3.000 elevadores. La consejería de Servicios Sociales, que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, en coordinación con las entidades que trabajan sobre el terreno, ha identificado “un total de 311 edificios en los que viven personas con movilidad reducida”, a las que se les proporciona atención de diverso tipo, pero no cuenta con una estimación del total de personas afectadas cuyo número va variando. También existe la posibilidad de realojar a los casos más vulnerables, pero la gente “prefiere siempre quedarse en su casa y que le arreglen el ascensor, como es normal”, indica Camarero.“A Nico le da miedo ver el foso del ascensor que está ahí abajo, con la puerta medio abierta, y salir a la escalera. Es increíble cómo un ascensor te puede cambiar la vida, y a mi hijo mucho más. Un puto ascensor. Lo tenemos que preparar entre su madre y yo para bajar y subir. No puede estar solo. En un proceso largo. Ahora ya intentamos salir todos los días, pero hasta hace nada no salía de casa, encerrado como un animal; él, que es un deportista nato, que hace acrobacias en la cama elástica y ha sido subcampeón de la Comunidad Valenciana de karting”, explica el padre, Sebastián García, mientras su hijo asiente y sonríe, más centrado en la sesión de fotos. El joven, de complexión atlética, ha hecho de modelo de moda en alguna ocasión y está a la espera de encontrar un patrocinador para retomar los karts, donde “se mentaliza que tiene que controlarlo y desaparece su inseguridad”, apunta el padre.En el edificio de La Torre, de cuatro plantas, les han dicho que el arreglo del ascensor les costará unos 43.000 euros si al final lo renuevan al completo (33.000, si lo arreglan) y tardará como mínimo cinco meses. La comunidad de vecinos ha recibido 24.000 euros del Consorcio de Seguros; otras se encuentran a la espera. Sebastián pregunta por qué no se considera una emergencia prioritaria los ascensores, para así facilitar la llegada de operarios de otros territorios y acelerar la fabricación de piezas y cabinas.Hasta 60.000 eurosEn un sentido parecido se pronuncia la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Concemfe). Pide que se articulen ayudas específicas para la reparación y sustitución de los ascensores “dirigidas a las comunidades donde la derrama suponga un alto coste”, con prioridad para las personas más vulnerables. Los precios oscilan entre los 6.000 y los 60.000 euros. El Gobierno ofrece una ayuda de la dana a las comunidades en régimen de propiedad horizontal “que hayan sufrido daños en elementos comunes de uso general”, sin especificar el caso de los elevadores.María Solaz, enferma de esclerosis múltiples, recibe la ayuda del personal de la Cruz Roja en la silla oruga para bajar y subir escaleras, en su domicilio de Aldaia. Mònica TorresTeresa camina por Paiporta en dirección al supermercado —”para comprar poca cosa, que si no pesa mucho”, apostilla— con la ayuda de un andador que deja en el patio para subir apoyada en las barandillas. No poder salir de casa, o tener capacidad de hacerlo, pero con un esfuerzo tan grande que paulatinamente se va renunciando a ello genera problemas de diversa índole. “En general, el aislamiento físico implica aislamiento social, que es uno de los principales riesgos para la salud mental. Las relaciones sociales son una necesidad. Y en el caso de las personas con discapacidad, que son doblemente vulnerables, la falta de ascensor es una dificultad más”, explica la psicóloga Cristina Duque, que trabaja en la zona dana con Concemfe.María Solaz, de 58 años, padece esclerosis múltiple. “Artrosis también y ahora el médico me ha dicho que me falta vitamina D. Claro, si no me ha dado el sol”, comenta, animada a pesar de la fuerte medicación y de las dificultades. Vive en un cuarto piso en Aldaia, con dos ascensores averiados, pero ha empezado a bajar a la calle para que le dé el sol e ir al mercado al menos una vez a la semana con la ayuda de Cruz Roja. La asisten con una silla oruga que va salvando los peldaños de la escalera.Acuciante problema“Algunas personas mayores del edificio bajan, pero muy poco a poco. Nos dijeron que repararían el ascensor en enero, luego en febrero… Ya veremos. Intento escribir, pero no puedo y mira qué buena letra tenía”, dice, mientras enseña un libro de recetas escrito a mano. Madre de dos hijos, se desespera por que le cambien una cita médica sin que se tenga en cuenta su situación y se le entrecorta la voz cuando recuerda cómo su marido perdió el camión en las inundaciones del 29 de octubre, “cuando en Aldaia no caía ni una gota”. Agradece el trabajo de la Cruz Roja, cuyo director técnico en la población, Luis Llorens, afirma: “Los ascensores averiados es uno de los problemas más acuciantes en las poblaciones de la dana. La dana ha acrecentado la soledad no deseada y la gente encerrada, sobre todo cuando es mayor, pierde sus redes sociales y de amistad”.Carmen Cano, cuidadora de su tío, de 63 años, Manuel Ramón, de 90 años, en el domicilio de la primera en la localidad de Paiporta.Mònica TorresManuel Ramón, cocinero jubilado de 90 años, solía bajar a la calle para reunirse con sus conocidos y amigos de Paiporta para pasar el rato en el paseo, al sol, charlando. Lleva cinco meses sin salir. “Lo echo mucho de menos. Ahora solo camino un poquito por el rellano de la escalera, con el carro. En la calle le preguntan a mi sobrina por mí”, comenta. Su sobrina, Carmen Cano, de 63, le cuida en su casa: “Se extrañan de no verlo y algunos piensan que ha faltado. Ni con el covid estuvo tanto tiempo en casa y todo por los ascensores. Ya veremos cuándo lo arreglan. El consorcio ha pagado una parte a la comunidad”.Emilio Carbonell, presidente de Ascencoval, incide en la complejidad y la casuística diversa del problema. Normalmente instalan al año entre 1.000 y 1.500 ascensores en la provincia al año. Ahora, el trabajo se ha multiplicado y, si bien se ha acelerado la formación de trabajadores, no dan abasto. Sostiene que se han reparado cerca del 60% de los ascensores, empezando por los más fáciles. Rechaza que haya habido una subida de los precios, como se quejan muchos, y recuerda que los administradores de fincas piden varios presupuestos y optan por el que más les conviene. E incide en la dificultad y el elevado coste de traer profesionales de otras comunidades y la obligación de dejar parado un ascensor si no se somete a la labor de mantenimiento.
