A un lado de la Serranía del Perijá, especialmente en San José del Oriente y la Laguna de Los Indios, en Cesar, los habitantes y firmantes de paz ubicados en los Espacios de Reincorporación fueron los primeros testigos de una tragedia anunciada. Por su territorio, vieron pasar y crecer la tensión entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que meses más tarde culminó con la escalada de los enfrentamientos entre ambos grupos en el corazón del Catatumbo, lo que desembocó en la peor emergencia humanitaria registrada en los últimos años.El Gobierno levantó la mesa de diálogo con el Eln después de la crisis humanitaria en el Catatumbo. Foto:Christian Escobar Mora. Archivo EFEDesde noviembre del año pasado, los pobladores de los corregimientos reportaron a los equipos de la Defensoría del Pueblo su temor ante el aumento del paso de hombres armados y los mensajes que transmitían. El Eln no escondía su intención de “expulsar a como diera lugar a las disidencias de las Farc-EP”, mientras que el frente 33 expresaba su frustración por la falta de respuesta a los diálogos con los ‘elenos’ para mantener un pacto de no agresión.Estos testimonios fueron consignados en la alerta temprana número 026 de 2024, que se consumó al pie de la letra el 15 de enero, cuando estalló la crisis de orden público en Norte de Santander, dejando una estela de homicidios, desplazamientos, amenazas y asesinatos selectivos de firmantes de paz. A raíz de esto, el presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior.Aprovechando la guerra abierta que se libraba al otro lado de la Serranía, el Ejército Gaitanisa, más conocido como ‘Clan del Golfo’, empezó a sentar su dominio hegemónico en territorios del Cesar, donde antes hacían presencia los otros dos grupos: Eln y disidencias. En Catatumbo fue desplegado el pie de fuerza del Ejército para retomar el control del territorio. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO. @cesarmelgarejoaSobre este aumento del poderío criminal del ‘Clan del Golfo’ advierte la última alerta de la Defensoría del Pueblo, la 005 del 2025, que expresa su preocupación porque la zona de la vereda Tierra Grata y otros lugares de los municipios de Manaure Balcón del Cesar, La Paz y San Diego puedan convertirse en una suerte de “escenario alterno de la confrontación que libran estos dos grupos armados no estatales”. En la alerta temprana se enumeran uno a uno los intentos de penetración del Clan del Golfo en las zonas medias y altas de la Serranía del Perijá, estrategia que había sido contenida por el Eln y las disidencias, especialmente el Estado Mayor Central. El 21 de diciembre de 2024, al rededor de la finca El Carmel, en la vereda La Montaña, en La Paz, “varios sujetos armados irrumpieron en la vivienda donde se encontraba el campesino Wilmer Cárdenas, lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron con rumbo desconocido”. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la madrugada del día siguiente, baleado, en una trocha de la vereda.Dos días antes, el 19 de diciembre, en la vereda La Laguna, corregimiento de San José del Oriente, también en La Paz, los habitantes hallaron otro cuerpo baleado en avanzado estado de descomposición. El 18 de diciembre, en la vereda Tierras Nuevas, los campesinos encontraron el cuerpo de Nelson Segunda Chávez, un mototaxista inmigrante venezolano.La defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto:@DefensoriaColEl 15 de diciembre, en el barrio Centro, cabecera corregimental de San José de Oriente, un hombre disparó contra los propietarios del asadero Doña Berledis, sin mediar palabra. Murieron Berledis García y Sael Pérez instantáneamente.El 20 de septiembre, en horas de la tarde en la finca El Recreo, entre Manaure Balcón y San José de Oriente, se halló el cuerpo de Maicol David Saurith, un habitante de calle, con signos de tortura.Y el 24 de diciembre, en plena noche buena, en la cabecera municipal de La Paz fueron capturadas 13 personas señaladas de pertenecer al bloque ‘Nelson Darío Hurtado’, del ‘Clan del Golfo’.Esta seguidilla de asesinatos selectivos se suma a otra lista con amenazas y presencia de hombres armados del Ejército Gaitanista en los municipios. Para la Defensoría del Pueblo, el Bloque Nelson Darío Hurtado ha mostrado claras intenciones de “aprovechar el nuevo contexto que se ha configurado para avanzar en su proyecto de penetrar y ejercer control sobre las zonas estratégicas de la Serranía”. De hecho, desde 2020, en medio de la pandemia, el ‘Clan del Golfo’ había asentado una base en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada, en jurisdicción de Valledupar. “Inicialmente, esta estructura estaba conformada por alrededor de diez unidades uniformadas, bien armadas y adecuadamente apertrechadas. En poco tiempo, mediante el despliegue de diversos dispositivos de coacción en distintos puntos, logró consolidar una presencia significativa en el territorio. Este posicionamiento le permitió expandirse firmemente hacia otras regiones del departamento, hasta el punto de que, en la actualidad, su presencia y actividades son tangibles en casi todos los municipios del Cesar”, detalla la Defensoría.En medio de esta creciente tensión, el Ministerio Público hace un llamado a proteger a los firmantes de paz que se encuentran en los Espacios Territoriales de la vereda Tierra Grata. Durante la crisis humanitaria en el Catatumbo, estos han sido blanco de una decena de asesinatos selectivos, motivados por la estigmatización que los señala como colaboradores de uno de los bandos en conflicto.”El riesgo que enfrentan los pobladores locales se ha incrementado debido a la persistencia de imaginarios colectivos de estigmatización, que recaen especialmente sobre la población firmante del Acuerdo de Paz, pero que, desde otra perspectiva, también afectan a sectores del campesinado”, se lee en la alerta. Juicio contra Miguel Polo Polo sigue en firme Foto:Por esta razón, insta al Estado a implementar una serie de recomendaciones, entre las cuales se incluyen: mantener los anillos de seguridad en el ETCR Simón Trinidad de Tierra Grata, prevenir el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como priorizar y agilizar las valoraciones de riesgo y la adopción de medidas de protección tanto individuales como colectivas para los liderazgos sociales.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia