Arzobispado de Tlanepantla: La casa de Dios: así despojó la Iglesia católica a un hombre que estuvo 17 años injustamente preso

Daniel García estuvo 17 años y medio preso por un crimen que no cometió. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ganó al Estado mexicano. Cuando salió de prisión en 2019, este abogado, que había sido regidor y pastelero, acudió rápido a revisar su casa. García había perdido todo lo que había cosechado en su vida anterior: ya no tenía coche ni terrenos, mucho menos dinero en el banco. Todo lo había vendido o entregado para tratar de defenderse de los tentáculos de un caso fabricado que lo tuvo encerrado durante casi dos décadas. Solo había conservado una vivienda, situada en un fraccionamiento privado llamado Club Hípico, en el sur del Estado de México. Llegó a verla y se sorprendió de encontrar un cartel, “Se vende”; él no la estaba vendiendo. Se hizo pasar por comprador y ahí desenterró las primeras huellas de un despojo: la casa —su casa— pertenecía ahora a la Arquidiócesis de Tlanepantla.El millonario negocio de los despojos ha vuelto a los focos después del caso de Carlota, una mujer de 74 años que mató a dos jóvenes que habían ocupado su vivienda. Solo en 2024, se registraron más de 28.000 denuncias por este delito en México, según la secretaría de Seguridad Pública. De esas, casi 5.000 fueron en el Estado de México. Las víctimas se enfrentan a estructuras muy engrasadas, en las que participan abogados, notarios, funcionarios y políticos. En el caso de Daniel García hay un elemento extra: la poderosa Iglesia católica. EL PAÍS reconstruye con una decena de documentos los rastros de esta operación, en la que aparecen poderes notariales fabricados, muertos que son llamados a juicios y documentos de la Fiscalía malversados.Esquema de las operaciones sobre la casa del Club Hípico de Atizapán de Zaragoza.Durante los últimos seis años, Daniel García ha perseguido y diseccionado el entramado con el que le quitaron la última de sus posesiones, una casa valorada ahora en ocho millones de pesos (más de 400.000 dólares). En su investigación ha encontrado los dos caminos que desembocan en el mismo resultado: el arzobispado de Tlanepantla se queda con la vivienda. En el primero, en 2006, fue utilizado un poder falso, en el que Daniel nombraba a una chica a la que jamás había visto, Jovanna Paredes, como su apoderada legal sobre la casa, y ella vendía la propiedad al Arzobispado de Tlanepantla. Esa ruta naufragó cuando una notaria pidió la ratificación de Daniel. El segundo itinerario es más complejo. Se trata de un juicio de usucapión en 2007. Este polémico proceso legal es la piedra angular de muchos despojos porque permite quedarse con una vivienda cuando te has hecho cargo de ella durante al menos cinco años. En este caso es el padre de Jovanna, José Manuel Paredes, quien reclama la casa como suya, gana el juicio y la vende inmediatamente al arzobispado.Este periódico ha tratado de recabar la versión de la Arquidiócesis de Tlanepantla, a través de su departamento jurídico, pero no ha obtenido respuesta.Ignacio Allende número 7La lucha de Daniel García ha pendido las últimas dos décadas de una certeza: él no había matado a María de los Ángeles Tamés. La regidora panista fue asesinada en septiembre de 2001, y Daniel, que trabajaba como ella en el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, fue detenido el 25 de febrero del año siguiente acusado de su homicidio. Cuando se lo llevaron, hacía pocos meses que García se había mudado con su esposa y sus tres hijos a una casa dentro del fraccionamiento Campestre Deportivo Hípico San Miguel, una zona conocida en Atizapán como Los Clubes.La casa de Ignacio Allende, número 7, que Daniel García compró en 2001 y que terminó apropiándose el Arzobispado de Tlanepantla.Emiliano MolinaCon soportales y un jardín enorme, esta vivienda, situada en la calle Ignació Allende número 7, parecía perfecta para una familia de clase media alta del Estado de México. García y su padre habían heredado unas panaderías y con eso habían montado varios negocios de engorde de ganado. “Nos iba bien en ese momento”, resume el regidor. Habían comprado la propiedad, que tenía 780 metros cuadrados, en marzo de 2001 a una viuda, Georgina Salazar, por 685.000 pesos. “Me la vendió baratísima, porque la casa tenía un problema: estaba a 20 metros del río y con las lluvias se inundaba”. Poco después el río sería intubado y García no veía más problema. Se mudaron en septiembre.En febrero de 2002, él fue detenido, arraigado y torturado, en una serie de irregularidades que llevarían a la Fiscalía del Estado de México a detener a 16 miembros de su familia. “No era posible para mi esposa mantener la casa sin que yo estuviera trabajando”, dice García y enumera: los gastos del jardín, de la comunidad, del agua, del gas, de la electricidad, de la gasolina para moverse. Así, unos meses después ella y los niños se trasladaron a casa de los abuelos. Pensaron que la mudanza, igual que la falta de libertad de Daniel, era algo temporal, así que dejaron los muebles, se llevaron solo las cosas personales y echaron la llave. “¿Quién iba a imaginar? Es un complejo cerrado, no es tan sencillo que alguien llegue a abrir y meterse. Quién hizo todo esto sabía mi circunstancia, sabía que yo no podía hacer nada porque estaba encerrado. Además todos pensaban que me iba a quedar ahí hasta que me muriera. Los delitos que a mí me imputaban sumaban 93 años de sentencia”.Daniel García estaba acusado de dos delitos de fraude, dos de extorsión, uno de delincuencia organizada y otro de homicidio con agravantes. Con el paso de los años —igual que absolvieron a todos sus familiares detenidos y a Reyes Alpízar, quien como él estuvo 17 años preso sin sentencia—, le serían retirados todos los cargos, menos el de asesinato, que está ahora estudiándose en un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de la sentencia de la Corte Interamericana, Daniel está convencido de que saldrá absuelto. Pero en ese entonces, preso en el penal de Barrientos, excepto él y su familia, “nadie daba un peso” por él.El primer camino: Jovanna ParedesEn julio de 2003, en la notaría 27 del Estado de México, a cargo de Guadalupe Rojas Icaza, se emite un “poder especial irrevocable” para Claudia Jovanna Paredes Ezeta. La joven, que tenía entonces 20 años, se convierte en la apoderada legal de Daniel García y su esposa, Magdalena Pérez, sobre la casa del Club Hípico. El poder tiene una duración de 50 años y cuenta con las supuestas firmas de los tres involucrados. La notaria Rojas Icaza llevaba entonces solo unos meses como titular de la notaría, después de que su hermana se hubiera ido como asesora del secretario de Gobierno del Estado de México. Ni Daniel ni Magdalena habían visto nunca a Jovanna Paredes.Daniel García con algunos de los documentos del proceso de despojo de su casa.Emiliano MolinaTres años más tarde, en agosto de 2006, Jovanna Paredes vende la casa del Hípico —como apoderada de Daniel y Magdalena— al arzobispado de Tlanepantla. En el contrato de cesión, constan como representantes en el acto el arzobispo Ricardo Guizar y su ecónomo, el también religioso Jorge Aguilera Vargas. Según este documento, la arquidiócesis paga 500.000 pesos en ese momento por la casa y desembolsará otros dos millones más adelante. La testigo de esta compra es Elizabeth Carmona Rivas. Todos ellos, que firman el documento, aparecen más adelante en esta historia.Con este contrato, la Arquidiócesis solicita a la Secretaría de Gobernación una “declaratoria de procedencia”, el permiso que la Dirección General de Asociaciones Religiosas debe dar a la Iglesia cada vez que esta adquiere alguna propiedad. La solicitud señala que el inmueble en Ignacio Allende “habrá de ser destinado para casa de sacerdotes ancianos, enfermos y jubilados de la Arquidiócesis de Tlanpantla”. Además, agrega los antecedentes sobre la propiedad: la casa fue comprada en 1991 por Gustavo Funes, quien al morir en 1996, se la dejó a su esposa Georgina Salazar, quien se la vendió en 2001 a Daniel García, quien nombró como su apoderada a Jovanna Paredes en 2003, quien ahora se la vendía a la Iglesia.CORTESÍAEn el documento enviado a Gobernación constan todos estos nombres y se recoge que Georgina Salazar ha dado su “autorización”, aunque el espacio para su firma está vacío. No hace falta la firma de Daniel porque ya está la de su supuesta representante. El apoderado de la Arquidiócesis Roberto Mena escribe: “Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el inmueble en cuestión no tiene conflicto alguno judicial en lo referente a su uso, posesión o propiedad y que los datos que proporciono al respecto son verídicos”. El 29 de septiembre de 2006, la Secretaría federal dio permiso al arzobispado para comprar la casa, bajo la condición de que la adquisición se haga como se detalla en el documento y que “no se lesionen derechos de terceros”.En ese tiempo, Daniel García, preso en Barrientos y ajeno a toda la operación, recibe la visita en el penal de Juan Manuel Paredes. El hombre chaparro y con un espeso bigote llega acompañado de una notaria y le explica: necesita que Daniel firme para ratificar la compraventa de su casa. Daniel se niega: “Yo no he vendido mi casa”. Paredes insiste y le ofrece 10.000 pesos (unos 500 dólares). Sin éxito. “Estaba enojadísimo y me empezó a gritar: ‘¡Tú nunca vas a salir de aquí!‘. Es la primera y única vez en mi vida que he visto a ese señor”. Así fracasa la primera operación para adquirir la casa del Hípico.Segundo ‘round’: Juan Manuel ParedesDaniel no conoce cuál es la relación de Juan Manuel Paredes con la Iglesia. Tampoco la Arquidiócesis ha contestado a esa pregunta. El hombre, cuyo domicilio estaba entonces cerca del mercado de Tlanepantla, se fue a vivir a Quintana Roo, donde constan que fue demandando en dos ocasiones por conflictos con otras propiedades. Él es quien en 2007 interpone un juicio de usucapión, en el que alega que lleva desde 1995 poseyendo “en forma pacífica, continua, pública, de buena fe y por un lapso mayor de cinco años” la casa del Hípico. Se vale del testimonio de dos chóferes que estaban en el fraccionamiento y de las irregularidades de actuarios y jueces. En la primera trampa, Paredes no reclama la casa a Daniel, sino a su dueño anterior, Gustavo Funes, que estaba muerto desde 1996. Como el muerto no comparece, Paredes consigue la casa.CORTESÍAEn este extraño proceso judicial, el notificador del juzgado segundo de lo civil de Tlalnepantla (que no da su nombre) apunta en su acta que acudió el 13 de abril de 2007 al domicilio de Gustavo Funes, “cerciorado perfectamente” de que es “el de la persona buscada”. En su relato, ahí es recibido por un trabajador, que le comenta que “no se encuentra presente su patrón” porque el día anterior había salido de viaje, pero que él recoge la notificación. Funes debía presentarse tres semanas después en la audiencia de conciliación si no quería perder la vivienda. El hombre llevaba en ese momento 11 años, dos meses y nueve días enterrado.Sin embargo, el juez Efraín Israde Contreras —que más tarde será magistrado interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México— apunta que Funes ha perdido su derecho “por no haber dado contestación” y por la “incomparecencia aludida a pesar de haber sido debidamente citado”. El juez no parece conocer que el demandado había fallecido ni tampoco que su viuda había vendido la propiedad a otra persona seis años antes. Tampoco lo considera el siguiente juez que dicta sentencia, Alejandro Albarrán, que determina que la casa de Ignacio Allende número 7 pasa a ser propiedad de Juan Manuel Paredes. Paredes no se queda mucho tiempo con la casa. El mismo día que inscribe en el notario la sentencia del juicio, el 12 de diciembre de 2007, decide ceder la vivienda al arzobispado de Tlanepantla.Los apoderadosMientras el juicio de usucapión transcurría, otros engranajes se movían a su alrededor. El 27 de marzo de 2007, cuando las primeras diligencias del juicio apenas comenzaban, la Arquidiócesis de Tlanepantla paga un recibo de la cuota anual de agua de la casa del Hípico. Faltaban entonces cinco meses para que Paredes consiguiera la vivienda y todavía nueve para que se la vendiera a la Iglesia, pero el arzobispo ya estaba pagando los impuestos de la vivienda. ¿Por qué?Recibí por el pago de la cuota anual de agua por parte del arzobispado, en marzo de 2007.CORTESÍALa conexión entre José Manuel Paredes y la Iglesia queda por escrito el 24 de abril de ese mismo año. El hombre nombra como sus apoderados a dos curas, Jorge Aguilera Vargas y José Alejandro Utrera Patlan. Ambos aparecen en el poder notarial como ministros de culto con el mismo domicilio que el arzobispo Ricardo Guizar.Estos dos párrocos llegan el 12 de diciembre de 2007 a la notaría pública 102 del Estado de México. Vienen tanto a vender como a comprar la casa, porque por un lado representan a José Manuel Paredes y por otro, también al arzobispado. Así consta en el documento notarial. Ahí se señala también que la Iglesia paga 1,4 millones de pesos a Paredes y que se aporta el permiso de Gobernación conseguido un año antes (aunque, claro, no se especifica que fue concedido para otro tipo de compra). Este proceso tiene también la firma del arzobispo Guizar.Todo estos trámites suceden en el mismo lugar: la notaría de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, un notario reconocido por su cercanía con la Iglesia católica (él fue quien había protocolizado la toma de posesión del arzobispo Guizar), que perdió en 2020 su licencia por haber sido grabado agrediendo a su esposa. Además, Aguilar había sido denunciado de acoso sexual por al menos 10 estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, quien terminó rescindiendo su contrato de profesor. Es ese despacho, que da fe pública, el que permitió el éxito de la operación.La última peleaDaniel García ha tardado seis años en completar el puzzle y en avalarlo con documentos. De una familia profundamente católica, el propio García fue catequista, miembro de la estudiantina de La Salle, secretario de un cura y tarsicio, un adorador nocturno del Santísimo. Cuando en 2019 se enteró que el Arzobispado era el propietario de su casa, pensó que los eclesiásticos habían sido engañados. Trató de ver al arzobispo, que en ese entonces era ya José Antonio Fernández Hurtado, pero solo llegó hasta su director jurídico: José Alejandro Utrera Patlan. “Peleamos, porque él me dijo que el obispo no quería saber nada y que ellos habían comprado de buena fe”, recuerda García. A los tres días, la casualidad quiso que fuera Utrera Patlan quien bautizara al nieto de García. “¡Qué circunstancia! Y eso que yo ahí no sabía todavía que él fue quien representó a Paredes, ni que fue el compañero de Aguilera para todo este enjuague”, resume el abogado.Vista frontal de la casa del Club Hípico, de Atizapán de Zaragoza.Emiliano MolinaGarcía demanda penalmente a la Iglesia por despojo en 2022. Una denuncia que terminó llevando a la vía civil, después de que un alto funcionario de la Físcalía del Estado de México le llamara y le confiara que “nunca” iba a prosperar una causa contra el mismo arzobispo que desayunaba todos los domingo con el entonces gobernador Alfredo del Mazo. En la demanda civil, interpuesta en 2023, busca que se declare nulo el juicio de usucapión que permitió en un primer momento a Juan Manuel Paredes hacerse con su casa. El objetivo es de ese hilo ir tirando lo demás.Además, García también envió un escrito en enero de 2024 a la Secretaría de Gobernación para reclamar la “falsedad de declaraciones” que cometió el arzobispado en 2006 al solicitar el permiso para comprar la vivienda, puesto que se incluye, entre otras cosas, un poder falsificado. García pedía a la dependencia que revocara ese documento y diera vista a la Fiscalía General de la República. La secretaría Luisa María Alcalde nunca le contestó, por lo que él interpuso un amparo en marzo de 2024, por la “omisión” de la dependencia a “investigar y consignar hechos punibles”. Lo ganó en enero de este año, lo que obliga a Gobernación a darle una respuesta. La dependencia, de momento, ha recurrido y el amparo está ahora en revisión por un tribunal colegiado.El abogado también ha tocado la puerta de la Iglesia y ha entregado personalmente una carta al arzobispo Fernández Hurtado narrándole lo sucedido. Todavía no ha recibido respuesta. Mientras García espera los avances de la justicia, del Gobierno o de la Iglesia, la casa de Ignacio Allende sigue en venta. Él confía en que el Estado no vuelva a fallar esta vez.Daniel García en la entrevista en su casa de Atizapán, en el Estado de México, el 21 de abril.Emiliano Molina