La tranquilidad de Muzo, Quipama y de los asentamientos mineros a orillas de la quebrada Itoco, en el corazón de la zona esmeraldera de Boyacá, se ha visto alterada. Hace apenas tres días, Muzo —que durante la última década había sido un remanso de paz— fue escenario de un asalto con balacera incluida, en el que murió uno de los presuntos delincuentes. Según informaron las autoridades, el hombre era oriundo de Caucasia, en el nordeste antioqueño.A una zona acostumbrada a convivir con las mismas familias y rostros de siempre, han llegado cientos de personas provenientes de distintos puntos del país. Incluso, algunos han cruzado la frontera persiguiendo la veta verde. Según relatan los líderes de las asociaciones de guaquería y las propias autoridades municipales, la actividad ancestral —en la que se extraían piedras a punta de pica y martillo— ha mutado hacia una minería ilegal a gran escala, impulsada por maquinaria pesada valorada en miles de millones.Personas ingresan de manera ilegal a mina de esmeraldas en Boyacá. Foto:Compañías Muzo ColombiaLas compañías con títulos mineros en la región, entre ellas Muzo Company —una de las más grandes—, han reportado millonarios robos cometidos a través de socavones ilegales. Estos se abren con retroexcavadoras, bombas hidráulicas y plantas eléctricas que permiten operaciones continuas las 24 horas del día. Todo esto, además, expone a quienes se aventuran en los túneles con la esperanza de encontrar las codiciadas gemas que, desde los años 60’s, desataron una sangrienta guerra entre los clanes que se disputaban el control de estas tierras.Junto con la firma del pacto que puso fin a la llamada guerra verde —tras más de treinta años de conflicto y miles de muertos— llegó la industrialización de las minas esmeralderas. En 2009, la empresa estadounidense Crest Investment Company adquirió Puerto Arturo, la joya de la corona de Víctor Carranza.Con la llegada de los inversionistas estadounidenses, la modernización de los túneles y de los procesos de extracción también transformó la guaquería ancestral o de subsistencia, de la cual miles de familias obtenían el diario.Según los registros oficiales, en 1980 llegó a haber cerca de 35.000 guaqueros, quienes desde entonces comenzaron a organizarse en asociaciones en municipios como Coscuez, Maripí, Puna, Otanche, Santa Bárbara, Muzo y Quipama.Los guaqueros pedían seguir trabajando y las empresas —que habían firmado concesiones para la explotación de las tierras— llegaron a acuerdos mediante los cuales cedían las tierras sobrantes de las vetas para que pudieran “lavarlas” en busca de pequeñas gemas o morralla. Esta práctica permitió mantener activa la economía local, estrechamente ligada a esta forma tradicional de minería.Se crearon las famosas voladoras, una práctica en la que llegaban las cargas acordadas (30 cada 15 días) a un centro de acopio, donde los guaqueros podían extraer y lavar.La mutación a minería a gran escalaSin embargo, desde hace alrededor de tres años, la pobreza y las necesidades insatisfechas de los mineros asentados en unos 11 centros poblados a orillas de la mina, sumadas a los desacuerdos que comenzaron a surgir entre las distintas asociaciones, hicieron que este pacto se quedara corto.Vendedores de esmeraldas en el parque de Muzo. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPOLas inconformidades y las exigencias de más voladoras o de tierra “más fértil” desembocaron en largos paros mineros y agotadoras mesas de negociación que se resistían a alcanzar un consenso.Este fue el punto de partida de la metamorfosis que sufrió la guaquería de subsistencia, que se transformó en minería ilegal a gran escala. Según el relato de los empresarios y los propios líderes comunales, algunos grupos de guaqueros comenzaron a invadir los títulos mineros y a extraer gemas por vías de hecho.El último robo masivo ocurrió en diciembre del año pasado, cuando los socavones ilegales alcanzaron uno de los túneles de Muzo Company. Los intrusos amedrentaron a los guardias, destruyeron las medidas de contención y extrajeron lo que pudieron.En la zona de Quipama, esta y otras compañías con permisos legales para explotar la zona esmeraldera han visto sus territorios ocupados por antiguos guaqueros, que ahora utilizan maquinaria pesada para perforar la tierra y alcanzar la veta. Las condiciones siguen siendo precarias y artesanales, lo que ha encendido las alertas por el peligro que representan para quienes se aventuran en estos caminos subterráneos, donde este año al menos cinco personas han quedado sepultadas.Algunos hallazgos, como una gema valorada en más de 1.000 millones de pesos que fue extraída hace un mes, han motivado la convocatoria a personas ‘de afuera’ para sumarse a esta actividad ilegal.Uno de los líderes de las asociaciones de guaqueros le dijo a este diario que estas invitaciones se han hecho a través de redes sociales. “En las publicaciones invitan a todo el mundo, ofreciendo la posibilidad de sacar buenas piedras en títulos ajenos”, asegura la fuente.Mientras tanto, las empresas de la zona —según documentos fiscales a los que tuvo acceso este diario— tienen sus utilidades en picada. Algunas compañías se han visto obligadas a no renovar los contratos de los mineros por la baja en la producción, que en los años de las ‘vacas gordas’ podía ser de hasta un millón de kilates anuales.¿Clan del Golfo?Sin embargo, sigue en el aire la incógnita sobre quién financia estas operaciones, capaces de poner en marcha maquinaria valorada en cientos de millones de pesos, así como la identidad de quienes se están sumando a estos ‘trabajos’, en medio de una ola de inseguridad que, según los propios habitantes, no se había visto antes.Muzo, Boyacá. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO“Es tanta la cantidad de gente que ha llegado, que nadie sabe quiénes son. La inseguridad es tremenda. En La 14 y El Mazato, dos centros poblados, no pueden dormir por el ruido de las máquinas. Tampoco pueden salir porque los roban. Están socavando por debajo de sus casas, y eso los pone en riesgo. Estamos ad portas de una tragedia”, agregó el líder social.Algunas voces señalan que grupos de guaqueros han tomado el control de la zona y estarían siendo financiados por estructuras ilegales. Se presume, por la procedencia de algunos de ellos, que podrían estar vinculados al ‘Clan del Golfo’, organización criminal que domina la minería ilegal en zonas de Antioquia, como en la mina subterránea de oro de Buriticá.”La situación es crítica. Funcionarios de la Secretaría de Minas de la Gobernación, de la ANM y el propio alcalde de Quípama llegan a la zona y le dicen a la gente que no continúe con la minería ilegal. Pero no actúan. Varias veces a la semana entran cargamentos de madera valorados en 250 millones de pesos destinados a las minas ilegales, y tampoco pasa nada. Aún no está claro de dónde proviene el dinero para sostener esta operación”, le dijo a EL TIEMPO uno de los empresarios del sector.La alcaldesa de Muzo, Ximena Elizabeth Castañeda de Molina, asegura que oficialmente no se tiene información sobre infiltraciones de grupos del crimen organizado.“En los consejos de seguridad y en los informes de la Policía se ha señalado que, en Muzo y en su zona de guaquería, no hay presencia de personas sospechosas de pertenecer al Clan del Golfo. Se sabe que hay personas financiando estas actividades, pero no se ha identificado quiénes son, ni se tiene evidencia concreta de que estén vinculadas a este grupo ilegal”, afirmó la mandataria.Mientras tanto, las voladoras están suspendidas. Un buen número de guaqueros que subsistía de lavar esta tierra está hoy sin trabajo, lo que los ha obligado a internarse en túneles improvisados para sobrevivir. Colombia en 5 minutos Foto:Actualmente, hay una mesa de concertación en marcha, con la participación de autoridades como la Agencia Nacional de Minería y la Defensoría del Pueblo, que intentan destrabar una propuesta que permita devolverle el carácter “ancestral” a esta actividad.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia