Una violación grupal a una menor en Portugal desata protestas contra la benevolencia judicial hacia los delitos sexuales | Sociedad

Los médicos del hospital Beatriz Ângelo, uno de los centros que atiende a la población metropolitana de Lisboa, denunciaron el caso a la policía. El pasado febrero, una adolescente de 16 años, acompañada de su madre, llegó al hospital para ser atendida. Explicaron que la menor había sido violada por jóvenes que tienen cierta popularidad en Tiktok, que difundió la agresión en diferentes vídeos. Su caso se suma a los más de 5.000 delitos sexuales contra menores cometidos desde 2022, según datos de la Asociación Portuguesa de Apoyo a la Víctima.Según el relato de la Policía Judicial, la chica se había citado con uno de ellos, al que conocía, no lejos de su casa en Loures, una población de unos 200.000 habitantes ubicada a 14 kilómetros de Lisboa. Al llegar descubrió que iba acompañado por otros jóvenes que ella no conocía. “En contexto grupal, forzaron a la víctima a prácticas sexuales y grabaron los actos, contra su voluntad, divulgándolos en redes sociales”, explicaba la policía en su comunicado. Uno de los vídeos de la agresión sexual tuvo 32.000 visualizaciones en la red social donde se colgó, según publicó Expresso. Nadie los denunció a la policía.Tres jóvenes, de entre 17 y 19 años, fueron detenidos el pasado 24 de marzo, aunque hay testimonios que aluden a la participación en la agresión de “cuatro o cinco”. El juez les imputó por los delitos de violación, secuestro y pornografía de menores, pero les dejó en libertad con tibias medidas cautelares: comparecer semanalmente ante la policía y no acercarse a menos de 50 metros de la víctima. Los acusados y sus amigos recurrieron de nuevo a redes sociales donde publicaron vídeos para proclamar su inocencia. “Os pido que no os creáis todo lo que veis en la televisión”, apelaba uno de los imputados. “Quedamos con ella para que ocurriese lo que iba a ocurrir, pero llegamos y no tuvimos nada con ella, ni le tocamos ni nada. Como ella quedó trastornada, inventó una gran historia y eso ha causado un gran problema”, relata otro en TikTok.El problema de narrar la vida en las redes es cuando estas se convierten en una prueba del delito. En esas semanas transcurridas entre los hechos y la detención, otro de los imputados conversaba frívolamente en un vídeo de TikTok con un amigo que le preguntaba cuál había sido “la cosa más loca” que había hecho en su vida. Después de mencionar lo que él llamaba “orgía con tiktokers famosos“, mostraba el vídeo a la cámara y, cuando su amigo le preguntaba “cómo quedó ella después de eso, ¿estaba a gusto?“, respondió: ”No podía caminar y tuvo que ir al hospital. Éramos cuatro o cinco”. Al final del vídeo, su amigo le pregunta qué le diría a la joven si tuviese que pedirle perdón”. Responde: “Me gustaría repetir, aunque esta vez tendrías que salir caminando”. Y los dos rompen a reír.Un momento de la protesta celebrada en Lisboa, tras la violación grupal de una menor y la puesta en libertad de los imputados por la agresión.FILIPE AMORIM (EFE)La decisión del juez, amparada en la petición de la Fiscalía, ha suscitado una oleada de protestas en Portugal. “La respuesta judicial transmite un peligroso mensaje de impunidad, minando la confianza en el sistema de justicia y perpetuando la cultura de violencia contra las mujeres y jóvenes. La ineficacia de las medidas aplicadas se refleja en la conducta de los imputados que siguen usando las redes sociales atentando contra la dignidad de la víctima”, señalan en un comunicado de la Plataforma Portuguesa para los Derechos de las Mujeres.Además, se criticaba que no se actuase contra quienes habían visto y compartido vídeos de la agresión y contra las plataformas digitales que permiten “la libre circulación de contenidos criminales y que, con frecuencia, los monetarizan”. La petición para prohibir el acceso de los imputados a las redes y la imposición de medidas cautelares que protejan a la víctima había sido apoyada, hasta esta semana, por 151 colectivos y más de 7.000 personas.Protesta ante la AsambleaEl pasado 5 de abril se celebró una concentración ante la Asamblea de la República, en Lisboa, para protestar por el desarrollo judicial del caso. “No es no” y “Violación no tiene perdón” fueron algunos de los lemas repetidos en el acto, al que acudieron algunas representantes de partidos de la izquierda.En esa protesta, Inês Sousa Real, diputada de Pessoas-Animais-Natureza (PAN), lamentó que el delito de violación continúe tipificado como semipúblico y limite la denuncia a la propia víctima. El Código Penal portugués permite la actuación de oficio de cualquier entidad o la Fiscalía en el caso de menores, como ocurrió en Loures, pero no cuando las agredidas son mayores de edad. La parlamentaria acusó a los dos partidos mayoritarios, Partido Social Demócrata (centro derecha) y Partido Socialista, de haber rechazado la reforma legal sobre la tipificación del delito de violación. “Es el agresor el que tiene que avergonzarse, la vergüenza no puede estar del lado de la víctima”, indicó a la agencia Lusa.Las mujeres con más de 18 años solo disponen de seis meses desde que sufren la violación para denunciar los hechos ante los tribunales portugueses. Un plazo que, a juicio de la abogada Lara Roque Figueiredo, es “muy corto” y no concede “tiempo suficiente para que las víctimas decidan lo que quieren hacer”. En España este plazo de denuncia antes de la prescripción oscila entre los cinco y los 15 años, según las circunstancias agravantes de la agresión sexual.Lara Roque, que representa a varias mujeres que han denunciado abusos de diversa índole en el Centro de Estudios Sociales de Coimbra bajo la dirección del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, defiende que estos delitos pasen a considerarse públicos. “Eso permitiría que otras entidades tengan la oportunidad de denunciar lo ocurrido y dejaría de estar solo bajo la responsabilidad de la víctima. Ya vimos que este cambio fue positivo en los casos de violencia doméstica”.